Nicaragua: Respuesta temeraria ante la Covid-19

El gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega ha respondido a la pandemia de la Covid-19 con políticas que contradicen descaradamente los consejos de los especialistas en salud a nivel global y ponen en riesgo la salud y la vida de los nicaragüenses, indicó hoy Human Rights Watch.

Ortega es el único líder latinoamericano que no ha hecho ningún anuncio público sobre cómo su gobierno abordaría la pandemia. Rosario Murillo, vicepresidenta del país y esposa de Ortega, les dijo a los nicaragüenses que se mantuvieran tranquilos y siguieran trabajando. Las autoridades han alentado la asistencia a escuelas y a actos multitudinarios, y solamente han dispuesto medidas de cuarentena voluntaria para aquellos que llegan del exterior.

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“Mientras el mundo hace frente a la pandemia más grave del último siglo, el Presidente Ortega no ha aparecido públicamente y su gobierno actúa temerariamente, evitando adoptar las medidas básicas de prevención que recomiendan los expertos en salud pública”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Con su irresponsabilidad ante esta crisis, Ortega pone en jaque la salud y las vidas de los nicaragüenses”.

Según el recuento oficial, en Nicaragua se han confirmado siete casos de Covid-19 y una muerte. Sin embargo, profesionales de la salud nicaragüenses expresaron que se desconoce la cantidad total de casos y que es probable que sea mayor, dado que no se están haciendo pruebas generalizadas. Los médicos de hospitales de todo el país indicaron haber derivado varios “casos sospechosos” para que se realizaran pruebas en el establecimiento Conchita Palacios del Ministerio de Salud, pero afirmaron que la institución ejercía un férreo control de la información y no había emitido ninguna declaración pública sobre la cantidad de pruebas realizadas ni los resultados. Un médico informó sobre un aumento anormal de casos de neumonía, un dato que también podría sugerir una propagación más amplia del virus.

El 6 de abril, el Ministerio de Salud rechazó la propuesta del obispo Rolando Álvarez de implementar un plan de prevención de la Covid-19 que incluyera consultas telefónicas con médicos y la posibilidad de que las personas recibieran tratamiento en seis lugares en Nicaragua.

Durante la brutal arremetida contra opositores del 2018, el gobierno de Ortega despidió de varios hospitales públicos al menos a 400 médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud, presuntamente en represalia por haber brindado atención médica a víctimas de hechos de violencia en el contexto de las manifestaciones. Miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos armados partidarios del gobierno mataron a cientos de personas e hirieron a miles durante la represión. Integrantes de las fuerzas de seguridad han detenido de manera arbitraria y torturado a manifestantes, amenazado y acosado a periodistas y defensores de derechos humanos y forzado el cierre de medios periodísticos independientes y organizaciones no gubernamentales.

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En un documento al que tuvieron acceso medios locales a mediados de marzo, el Ministerio de Salud anticipaba que podía llegar a haber más de 32.500 casos de Covid-19 y 813 muertes en un lapso de seis meses. Estas cifras podrían provocar el colapso de un sistema de atención de la salud que ya se encuentra debilitado.

No obstante, el gobierno de Ortega no ha adoptado medidas de emergencia ante la pandemia y ha mantenido abiertas las escuelas y permite que tengan lugar servicios religiosos y eventos para turistas. La Vicepresidenta Murillo ha alentado a las familias a que asistan a los festejos de Pascuas, si bien la Conferencia Episcopal de Nicaragua y los obispos aconsejaron que las personas vulnerables se quedaran en sus casas.

Diversas fuentes locales también han señalado que el gobierno desalienta el uso de mascarillas, incluso por parte de trabajadores de la salud, personal aeroportuario y policías, y un activista dijo que grupos oficialistas han hostigado a personas que las llevan puestas.

El 14 de marzo, la vicepresidenta Murillo organizó una marcha nacional en solidaridad con los afectados por el virus, a la que denominaron “Amor en tiempos del Covid-19”. Aunque no participaron ni Murillo ni Ortega, la marcha atrajo a miles de partidarios políticos y trabajadores públicos a las calles, pese a que la Organización Mundial de la Salud ha aconsejado que no se realicen eventos multitudinarios.

La marcha se llevó a cabo luego de que Murillo anunciara que el gobierno no establecería una cuarentena ni cerraría sus fronteras. El 23 de marzo, el Ministerio de Salud recomendó la cuarentena voluntaria de todos los viajeros que llegaran de un país con casos de Covid-19, una medida que sugirió un leve cambio en la postura oficial. Sin embargo, el gobierno no ha exigido el uso de mascarillas ni otras medidas de distanciamiento social. Nicaragua es el único país de América Latina que mantiene abiertas sus fronteras, después de que Cuba las cerrara el 31 de marzo. Hay casos confirmados en todos los países de la región, que suman más de 2.000 en México y Panamá y cientos en Honduras y Costa Rica.

Tras tomar conocimiento del primer caso del virus el 18 de marzo, el gobierno nicaragüense envió a empleados públicos y voluntarios a los hogares para “concientizar” a la población sobre la Covid-19. El Ministerio de Educación también ha indicado que los docentes vayan casa por casa a convencer a los padres de que sigan enviando a sus hijos a la escuela.

El 7 de abril, la Organización Panamericana de la Salud expresó preocupación por la respuesta de Nicaragua a la pandemia, describió como “inadecuados” los métodos de prevención y control dispuestos por las autoridades y las instó a cumplir las recomendaciones de la organización para salvar vidas.

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A través de un pronunciamiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que Nicaragua debería reconocer la “extrema gravedad” de la situación de la Covid-19 y adoptar medidas para proteger la salud pública. En particular, la comisión instó a Nicaragua a garantizar el acceso a la información pública y a autorizar el arresto domiciliario u otras alternativas a la prisión para detenidos, priorizando a aquellos que presentan condiciones de salud que pueden exponerlos a un mayor riesgo de enfermedades graves si se produce un brote en las cárceles. La comisión también instó a la liberación de las 60 personas que aún permanecen encarceladas como resultado de la represión de 2018. El 8 de abril, el gobierno liberó a 1.700 personas con el pretexto de responder a la Covid-19, pero, según explicaron fuentes locales, no incluyó a ninguno de los detenidos en el contexto de la represión.