Despacho 505 | Minsa aplazado en el manejo de información pública relacionada al Covid-19

Desde mayo del año 2007, Nicaragua cuenta con la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, sin embargo, en la práctica la ley no se aplica por la censura impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ahora desde el Ministerio de Salud (Minsa).

El régimen Ortega-Murillo restringe, controla y oculta la información pública, como parte de su política de comunicación, desde que retornó al poder en enero del año 2007.

Desde entonces, Ortega se ha apegado a ese guión original de no informar más allá del conglomerado de medios oficiales, sin acceso a los medios independientes; aún en el contexto de pandemia por el coronavirus que vive Nicaragua.

El artículo 3 de la ley 621 señala que “toda persona sin discriminación alguna, tiene derecho a solicitar y recibir datos, registros y todo tipo de información pública en forma completa, adecuada y oportuna de parte de todas las entidades sometidas al imperio de la presente Ley, salvo las excepciones previstas como información reservada”.

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Para el periodista y consultor en comunicación, Alfonso Malespín “el acceso a la información pública, como la oficial del gobierno, es crucial en momentos de crisis, puesto que puede ser un factor que ofrezca a la ciudadanía seguridad, claridad y opciones para actuar de manera informada”.

Agregó que “es un medio para que las autoridades y líderes se comuniquen con el país, con la intención de ganar voluntades y que las acciones sean aceptadas y realizadas de la mejor manera posible”, valora.

DEBE HABER MAYOR DIFUSIÓN

El epidemiólogo Leonel Argüello considera que en situación de emergencia se debe procurar la mayor difusión de información para la prevención del Covid-19, una práctica que el régimen le rehuye.

Argüello plantea que en su experiencia sobre abordaje de epidemias se ha basado en cuatro elementos y uno de ellos, es que la información oficial llegue a todos los niveles y que sea divulgada por la mayor cantidad de medios de comunicación posibles.

“El cuarto elemento que yo planteo, es que se debe trabajar con todos los medios de comunicación, porque cada uno de ellos tiene un segmento específico al que llega y en el caso de una epidemia a uno le interesa que todos los sectores escuchen los mensajes que se orienten”, señaló el doctor Argüello.

Agrega que es importante, que el gobierno establezca un mecanismo de comunicación transparente y claro, de tal forma que toda la información que brinde sea de carácter educativa para la población.

El epidemiólogo recomendó que se debe explicar los síntomas cuando hay pacientes enfermos, explicar cómo fue que el paciente adquirió la enfermedad y qué podemos hacer como ciudadanos para defendernos.

“O sea, no es solamente dar los números de los casos o los números de las pruebas que se hacen y sus resultados, sino preguntarnos qué podemos aprender de cada caso para tratar de abordar mejor la epidemia, inclusive si hay fallecidos, qué podemos aprender de sus muertos, porque los muertos hablan”, enfatizó Argüello.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Si bien la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 4, define que toda persona tiene derecho a acceder a la información existente en poder de las entidades sujetas al imperio de la ley, que incluye al Poder Ejecutivo en todas sus instancias, lo cierto es que ni en estas circunstancias de pandemia, el régimen ha cambiado su sistema centralizado de información.

Alfonso Malespín critica que la información está tan centralizada que el sistema de medios alineados al gobierno “desarrolla una narrativa que repite tal cual, las cada vez más breves notas de prensa del Ministerio de Salud, sin otras consideraciones”; y por otro lado, considera que cualquier otra narrativa de la pandemia es considerada por como un nuevo intento de golpe de Estado.

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Malespín opina que pese a que los medios independientes no acceden a las autoridades y líderes, estos han ganado una alianza con movimientos de profesionales que se han organizado para ofrecer una explicación y medidas alternativas ante la falta de iniciativa del Minsa.

“Esta alianza”, trasciende el nivel país y alcanza otras redes de instituciones y personas expertas que ofrecen información valiosa sobre la pandemia en distintas partes del mundo.

Argüello considera que la información rápida y precisa sobre la enfermedad es fundamental para lograr una participación amplia y voluntaria de la población “para que todo el mundo se ponga en función del abordaje de una futura epidemia”, de lo contrario será una catástrofe.

LA INFORMACIÓN ES PODER

Guillermo Medrano, coordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta B. de Chamorro, asegura que “una persona informada toma mejores decisiones”, para protegerse del Covid-19.

Dijo que desde su nacimiento la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha fomentado y defendido el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública y además promueve la participación cívica a nivel nacional.

Recientemente, la iniciativa Voces del Sur, que aglomera a 10 organizaciones en Latinoamérica publicó un manual sobre periodismo en tiempos de Covid-19, donde se dan recomendaciones a los periodistas para evitar la infección del Covid-19, mientras cubren los efectos de la pandemia.