CIDH condena incumplimiento de recomendaciones dictadas hace dos años a Nicaragua

A dos años de su visita de trabajo a Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada a partir del 18 de abril 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte y condena el incumplimiento de las recomendaciones formuladas en sus Observaciones Preliminares y en su Informe de País: Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua e insta al Estado a implementarlas. 

🇳🇮📌A 2 años de su visita a #Nicaragua, la @CIDH advierte y condena el incumplimiento de sus recomendaciones y llama urgentemente al Estado a implementarlas. #Nicaragua2años #MESENI #CIDH

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— CIDH - IACHR (@CIDH) May 17, 2020

En el informe divulgado hoy, la CIDH informa que durante la visita de trabajo, la Comisión observó una severa represión estatal hacia la población civil que protestaba en contra del régimen, caracterizada por el uso excesivo y letal de la fuerza policial; el despliegue represivo de fuerzas parapoliciales o de civiles con aquiescencia y colaboración de las autoridades estatales; la estigmatización, intimidación, amenazas y detenciones arbitrarias en contra de líderes y manifestantes, entre otros; así como por la ausencia de administración de justicia; y la censura directa e indirecta a la prensa.

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A dos años de dicha visita, la CIDH considera que en Nicaragua persiste un estado de excepción de facto, en el que se mantienen suspendidos o severamente limitados derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación. Desde el 2018 el Estado mantiene una estrategia para impedir e inhibir cualquier manifestación contraria al régimen, consistente en la prohibición legal de las protestas y la ocupación desproporcionada de espacios públicos por agentes policiales armados. “Asimismo, desde el 2019 a la fecha, la represión estatal ha sido dirigida contra nuevas formas de protesta practicadas por la población, como piquetes exprés, breves manifestaciones en lugares privados y celebraciones religiosas, entre otras. Adicionalmente persiste la práctica regular de detenciones con fines intimidatorios y acusaciones penales arbitrarias e ilegales en contra de manifestantes, que a la fecha mantiene a más de 86 personas privadas de libertad en ese contexto”, indica el informe.

Ante esta situación, la Comisión reitera las recomendaciones emitidas luego de su visita, en mayo de 2018, y que mantienen plena vigencia al día de hoy, tales como “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas; respetar y garantizar el goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población; garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que se están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión; y asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas se ejecuten según protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley”, subrayan en el informe.

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La CIDH asegura que continuará monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua y documentando los casos de violaciones de derechos humanos que se siguen registrando en el país. La CIDH insta al Estado de Nicaragua a tomar medidas destinadas a la implementación de sus recomendaciones conforme a obligaciones internacionales contraídas voluntariamente, como un medio idóneo para el restablecimiento de las garantías democráticas en el país y reitera su permanente disposición a prestar asistencia técnica para ese fin. 

En el contexto de la pandemia global por COVID19, la Comisión enfatiza la urgencia de estas medidas, pues la situación de derechos humanos en el país, caracterizada entre otras por la falta de acceso adecuado a la información pública y por la falta de confianza en las autoridades, debido a la impunidad y la represión, afecta gravemente la capacidad del Estado para enfrentar las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia.