La Lupa: Madre de preso político suplica libertad para su vástago que presenta síntomas de COVID-19

Desde el confinamiento en Estados Unidos, lejos de donde se encuentra su hijo recluido en las cárceles de Nicaragua, afirma que no parará de hacer resonar su voz hasta conseguirle libertad. Margine Blandón, madre del preso político Jaime Navarrete, de 36 años de edad, dice sentirse preocupada y desesperada por la condición de salud de su vástago, pues conoce que ha presentado síntomas de COVID-19 y las autoridades “no hacen nada” por atenderlo y no le permiten el ingreso de medicinas.

Blandón narró a La Lupa que su sufrimiento inició en 2018, cuando su hijo fue detenido y criminalizado por primera vez, tras protestar contra la dictadura orteguista en abril 2018, exigiendo respeto por los ancianos y llevando comida a los atrincherados de universidades de la capital.

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Navarrete, según lo explicado por Blandón, tenía a penas tres años de estar en Nicaragua, pues casi toda su vida, desde los tres años de edad, vivió en California, Estados Unidos, cuando todos su planes de salir adelante y hacer crecer su negocio se vinieron abajo por la persecución orteguista.

El manifestante se dedicaba, hasta antes de ser detenido, a vender  comida mexicana-americana en un puesto que colocó frente a su casa. Navarrete además tenía conocimientos en diferentes disciplinas de artes marciales como; yudo, karate, taekwondo y le gustaba practicar boxeo.

Su madre lo describe como un buen ser humano, noble de corazón y solidario, pues ayudaba a los más necesitados. Además, apuntó que su hijo fue bien educado y “no es un delincuente”, sino una persona a la que han criminalizado por levantar la bandera de su país.

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Jaime Navarrete fue detenido por primera vez el 15 de junio de 2018. En esa ocasión lo llegaron a traer hasta su casa y sus parientes afirman que fue torturado y confinado por 360 días a una celda de castigo conocida como “El Infiernillo”.

En esa primera acusación contra Navarrete lo señalaron de asesinar a una persona y fue condenado a 22 años de cárcel, pero el 10 de junio de 2019 fue excarcelado bajo la polémica Ley de Amnistía, aprobada por la orteguista Asamblea Nacional.

La madre de Navarrete afirma que su hijo, aunque fue excarcelado, “nunca tuvo un minuto de paz”, pues todo el tiempo era vigilado.

“No descansaron hasta volverlo a secuestrar”, lamentó Blandón.

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Navarrete fue secuestrado por segunda ocasión, según sus parientes por un grupo de paramilitares, el 24 de julio de 2019, cuando a penas cumplía un mes de excarcelado. Los sujetos, según el relato de sus parientes, es que el hombre fue secuestrado de su negocio, ubicado frente a su casa en el barrio Santa Rosa, en Managua.

En esta segunda ocasión el manifestante fue acusado de tenencia ilegal de armas de fuego y de drogas. Su madre apuntó que “injustamente” su hijo fue condenado a tres años y nueve meses de prisión.

Síntomas de COVID-19

La madre de Navarrete aseguró que sus preocupaciones aumentaron el pasado 13 de mayo, cuando tuvieron la visita a su vástago en las instalaciones del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, pues le informaron que se encontraba mal de salud.

Blandón explicó que su hijo, durante las detenciones y golpizas, ha sufrido fracturas en la nariz, lo cual le provoca problemas para respirar y, luego de la visita, se enteró que la dificultad para respirar es peor, que ha tenido fiebre, tos, dolor en el cuerpo y está solo en una celda donde no tiene agua y tampoco energía.

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“La vida de mi hijo corre peligro porque casi no puede respirar por las fracturas y ahora presenta síntomas de COVID-19, esto es muy lamentable para mí”, aseguró la madre de Navarrete.

La madre culminó aseverando que este “un llamado de auxilio” por su hijo, pues teme que muera dentro de las cárceles por la falta de atención médica, pues aseguró que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha interpuesto varios escritos ante el Ministerio de Gobernación y las autoridades siguen sin enviar al reo político a Medicina Legal.

Navarrete, así como un promedio de 1000 personas opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron encarcelados, a nivel nacional, por su participación en la denominada “Rebelión de Abril”, y más de 300 fueron asesinados por grupos policiales y paramilitares al servicio de la dictadura.

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