COSEP demanda reformas electorales integrales y rechaza reforma unilateral del CSE
El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP rechazó la inconstitucional reforma que realizó el Consejo Supremo Electoral (CSE), la cual establece un nuevo plazo para obtención de personería jurídica de nuevos partidos políticos
Según COSEP, la resolución deja en evidencia la falta de voluntad institucional del CSE de contribuir a “reencauzar el orden constitucional” a través de un proceso electoral que involucre a todos los sectores políticos y sociales en Nicaragua.
“Esta resolución establece un precedente nefasto y peligroso al utilizar una resolución administrativa para reformar la Ley Electoral lo cual viola los principios de supremacía constitucional y de legalidad” indica el comunicado de COSEP.
El sector empresarial privado señala que la resolución del CSE no responde a la demanda nacional e internacional de reformas electorales integrales que la sociedad civil y la comunidad internacional consideran necesarias para garantizar un proceso electoral libre, justo, transparente y observado en el país.
“Es indispensable para la superación de la actual crisis sociopolítica, la implementación de reformas electorales que permitan la realización de elecciones y que sea a través del voto popular, de manera cívica, pacífica y democrática que se recupere la institucionalidad democrática y el estado de derecho y que permita la recuperación económica, la generación de empleo y el progreso para todos” manifiesta el comunicado.
COSEP demanda la construcción de un sistema democrático, la separación, independencia y modernización de los Poderes de Estado; así como el cambio de un nuevo CSE que genere confianza en la ciudadanía y brinde garantías a todos los actores políticos. Cosep instó al régimen a cumplir los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019, como condiciones necesarias para la realización de un proceso electoral que se desarrolle sin presos políticos y con plena garantía de todos los derechos y garantías ciudadanas.
“Rechazamos todo tipo de reformas al sistema electoral que no responda a estos planteamientos, que sean violatorias del derecho y se realicen en forma unilateral sin tomar en cuenta a todos los sectores políticos y sociales del país, así como las diversas recomendaciones de carácter técnico que han realizado los organismos internacionales para garantizar un proceso electoral confiable y legítimo” refieren.