CSE ordena a registro civil de las personas a verificar la autenticidad de los poderes notariales

El Consejo Supremo Electoral (CSE) ordenó a todo el personal del Registro Civil a verificar minuciosamente la autenticidad y validez de todos los poderes notariales presentados por los ciudadanos, antes de dar trámite a cualquier solicitud. 

En una circular del CSE circunscripción Matagalpa dirigida a los registradores y registradoras de los registros del estado civil de las personas manda a revisar a detalle los poderes notariales porque han detectado irregularidades.

Según el documento, han detectado comparecientes que no se encuentran dentro del país debido al movimiento migratorio, otorgantes fallecidos, o de igual manera con cédula vencida.

Asimismo, señalan que hay abogados y notarios que no cuentan con la autorización vigente para Cartular por suspensión o Quinquenios vencidos.

Advierten que el uso de poderes que carecen de legalidad ponen en riesgo la fé pública y las actuaciones de ese poder del Estado, lo cual es penalizado.

Por ejemplo, es una falta grave al deber y función pública, el delito de falsedad ideológica, el cual está tipificado en el Artículo 285 del Código Penal.

“Quebrantamiento del principio de legalidad, violacion al deber de probidad y transparencia que deben observar los servidores públicos, según lo establecido en el Artículo 131 de la Constitución Política”, reza el documento.

Por ello, mandan a los registradores a verificar minuciosamente la autenticidad y validez de todos los poderes notariales presentados por los ciudadanos, antes de dar trámite a cualquier solicitud. 

Ese proceso incluye revisar que el papel sellado de Ley, esté en concordancia con el año en curso.

Asimismo, piden cotejar firmas, sellos, carga fiscal, fechas y demás elementos de seguridad y nuevas tecnologías.

También mandan a crear un registro en Microsoft Excel que contenga nombres y cédulas de los comparecientes, así como de los apoderados, el cual debe ser remitido semanalmente vía correo al Consejo Supremo Electoral.

Y ordenan informar de manera inmediata al Coordinador Departamental cualquier hallazgo de irregularidad detectado y negar trámites, reteniendo la documentación.

Al respecto, la abogada y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez explicó a 100%Noticias que esta medida demuestra el interés del régimen de Daniel Ortega por dominar y manejar la información confidencial de las personas.

“Como abogados tenemos la Ley de Notariado, a la única personas que rendimos cuenta es al Poder Judicial y un juez. Los delitos que menciona el documento siempre han existido, no son delitos nuevos, pero con la última reforma al Poder Judicial, el Ejecutivo busca incursionar, dominar y manejar la información confidencial de las personas”, dijo Martínez a 100%Noticias.

En noviembre del 2023, el régimen ordenó pasar el Sistema Nacional de Registros bajo la jurisdicción de la CSJ al control de la Procuraduría General de la República (PGR).

“El papel del Registro Público era servir como una herramienta para auxiliar a los jueces en su actividad, pero ahora, cuando un ciudadano requiera una constancia registral que vaya en contra de los intereses de la PGR en determinado juicio, la PGR simplemente no la va a emitir, o en el mejor de los casos le dará largas, para que no haya tiempo de incorporar el documento al juicio en tiempo y forma, explicaron opositores en su momento. 

Martínez también señala que esta disposición es una violación al principio de independencia de los poderes del Estado porque ahora todo está subordinado al Poder Ejecutivo.

“El régimen se apoderó por completo, no sólo secuestró las instituciones existe un secuestro institucional enorme y ahora está secuestrando las funciones del Notariado o sea, están tratando de obstaculizar el derecho laboral de los notarios”, expresó.

Agrega “todo lo que está ahí eso lo deben de hacer por ende cada funcionario del Registro tiene la obligación de revisar los documentos antes de procesarlo, no veo por qué la exageración, por lo cual tiene un trasfondo político más que de hacer alguna revisión (...) político para tener un dominio, institucional sobre los notarios, los abogados. Ahora son menos abogados y son más tramitadores”, manifestó .