Dictadura Ortega Murillo impone reparo ilegal contra 100%Noticias por 7 millones de córdobas
El periodista y propietario de 100%Noticias, Miguel Mora, denunció en el programa IV PODER que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), impuso un reparo ilegal por 7 millones de córdobas, pese a que el medio de comunicación fue confiscado desde diciembre 2018 por Ortega-Murillo.
Según Mora, el reparo ilegal por 7 millones de córdobas corresponden al periodo en que el medio de noticias fue confiscado “el colmo de los colmos, es que la DGI y el INSS están cobrándole a la empresa confiscada 7 millones de córdobas, nos están cobrando después que nos robaron toda la empresa, que nos robaron el dinero que había en los bancos y el flujo de caja, que nos robaron los activos, que nos cerraron la empresa porque mandaron a cerrar legalmente la razón social por la cual 100% Noticias estaba el aire y operaba como una empresa en el registro público de la propiedad, fue cerrada por orden de la dictadura, pero no se cerró la DGI” denunció.
Además, en el programa el periodista denunció que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) les envió un cobro por 75 mil córdobas por el periodo diciembre 2018 hasta la fecha.
“Mataron a 100% Noticias, lo cerraron, lo confiscaron y siguen cobrando impuestos, recientemente nos llegó un cobro de 75,000 córdobas del INSS por los trabajadores de 100% Noticias que va de diciembre 2018 a la fecha, y no se tomaron y sacaron a toda la gente y le están cobrando como que si estuviéramos trabajando. Están cobrando en cuanto a la DGI 7 millones de córdobas, entonces les contesto, que su propio dictador la confiscó, aquí que esta empresa está muerta y que está confiscada y robada ¿Cómo me van a cobrar impuestos sobre un tiempo donde está confiscado por su patrón por el dictador?”, se preguntó el propietario del medio de comunicación.
Según Mora, está documentando todas las violaciones a derechos humanos para que en un futuro cercano cuando se aplique la ley los funcionarios que se prestaron al juego de la dictadura respondan por sus acciones “Estamos en el Tribunal Fiscal, estamos documentando todas las respuestas porque dice la ley que cada uno de esos funcionarios que prevaricaron, que están haciendo algo que no deben hacer, de acuerdo a la ley, van a pagar con sus bienes todas las respuestas que nos están dando, no siguen amenazando que si no pagamos nos van a meter una demanda penal, no vamos a pagar ni un centavo”, refirió.
Mora hizo un llamado al sector empresarial del país para que se vean reflejados en el caso de 100%Noticias “refléjense en nosotros, en el caso de Juan Sebastián Chamorro, refléjense en esos 300 empresarios, ustedes creen que va a haber ánimo de inversión cuando no hay respeto a la propiedad privada, aquí hay delincuentes en la DGI y alcaldía que te inventan cualquier deuda y te echan preso”, advirtió.
Al respecto, el caricaturista Pedro Molina opinó que en un caso de extorsión nunca disminuyen sino que se agravan “el pueblo está en la indefensión, la única defensa que le quedan a los ciudadanos en general, al pueblo y empresariado, es unidos denunciar y hacerle frente a estas situaciones porque de lo contrario van a perdurar en el tiempo, te lo he dicho antes nada que es malo mejora sino que empeora”, expresó
Lucia Pineda Ubau, Directora de 100%Noticias también se sumó al llamado de NO caer en la trampa de la dictadura “no caigan en la trampa del miedo que quiere imponer los tiranos de Nicaragua, a nosotros nos amenazaron para que no siguieramos informando fueron tan cobarde que se tuvieron que ir a meter al canal para sacarnos”, señaló.
Pineda Ubau junto a Miguel Mora, fueron los primeros periodistas reos de conciencia encarcelados por seis meses, por negarse a dejar de informar sobre las violaciones a derechos humanos que cometió la dictadura de Daniel Ortega, a raíz de la insurrección cívica en abril 2018.
En el 2018, la CIDH logró confirmar la muerte de 328 personas en el marco de la crisis, frente a las 200 que admitió el régimen sandinista, pero el informe también reveló "Ejecuciones Extrajudiciales" en contra de los manifestantes, incluyendo arrestos ilegales, torturas, violaciones sexuales, obstrucción de acceso a la salud o a la Justicia por parte del régimen, y otros crímenes "de lesa humanidad".