Colectivo de Derechos Humanos constató violaciones de derechos humanos a nicas en Peñas Blancas
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + constató violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de los nicaragüenses retenidos en la frontera de Peñas Blancas, por las medidas adoptadas por el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En una conferencia de prensa, el Colectivo de Derechos junto a representantes de Amnistía Internacional y del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica presentaron el informe “Situación de personas nicaragüenses impedidas de retornar a su país”, que revela las violaciones de derechos humanos.
La defensora de derechos humanos, Wendy Flores, señaló que las medidas que impuso el régimen violentan el derecho que tiene “Toda persona … a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”, según lo dispone el artículo. 13 numeral 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua.
Otros señalamientos expuestos en la conferencia refieren a que el Estado de Nicaragua, ha violentado el derecho a la libertad de circulación, integridad personal, derecho a la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, al retener durante 14 días a nicaragüenses en las fronteras tanto de Peñas Blancas como de otros puestos fronterizos al norte del país, sin garantizar medidas dirigidas a prevenir el contagio Covid 19.
Karina Fonseca, del Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica, considera que hay un retroceso en el tema de inclusión de los grupos que han quedado en una situación precarizada y que en el informe del Colectivo hay elementos que se plantean con claridad para analizar a fondo sobre todo para un contexto post covid 19 incluso de cara a las elecciones tanto en Costa Rica como en Nicaragua.
En el informe del Colectivo se evidencia que el Estado de Nicaragua, con las medidas violatorias alienta el retorno irregular de los nicaragüenses y en su caso violenta el derecho a la seguridad personal, al exponerlos a todo tipo de riesgos como robos, violencia sexual y otros cometidos por particulares como también al disponer de cuerpos de seguridad como el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, para realizar labores de control migratorio y criminalizar la migración de origen económico y político.
Carolina Jiménez, de Amnistía Internacional, recomienda continuar las denuncias de los casos a los diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos a fin de que tomen nota de la situación descrita en el presente informe y dirijan comunicaciones al Estado de Nicaragua, con el propósito de que se respeten los derechos humanos de los nicaragüenses.