Tribunal de conciencia condena al régimen en Nicaragua por crímenes de lesa humanidad

"El estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual de mujeres y hombres mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país" concluyó el Tribunal de conciencia que conoció de 18 casos de violación sexual de opositores en Nicaragua detenidos ilegalmente entre el 21 de abril y el 25 de agosto de 2018, de los cuales 11 eran mujeres y 7 hombres víctimas de violencia sexual, por parte de la sancionada policía sandinista y paramilitares, dirigidos por Ortega-Murillo. 

El Tribunal considera que pese a que solo examinaron el testimonio de las víctimas, fueron necesarios para concluir que el crimen de tortura constituye un crimen de lesa humanidad y corroboraron.

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1. Que, tratándose de personas detenidas de manera arbitraria, todas ellas fueron trasladadas a dependencias policías o fincas privadas en diferentes partes del país,

2. Que una vez allí, todas estas personas fueron custodiadas y sujetas al control y voluntad de fuerzas policiales y parapoliciales de la misma manera,

3. Que todas ellas fueron sometidas a similares torturas y vejaciones 

4. Que todas ellas fueron posteriormente amenazadas

Las torturas se cometieron de forma "sistemática por agentes del Estado contra la población civil nicaragüense, constituyendo por tanto un crimen de lesa humanidad" dice el tribunal basado también en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

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Entre los torturadores se encuentran: Oficiales de la Policía, hombres y mujeres; Extranjeros, se mencionan cubanos y venezolanos por la forma de hablar; Elementos Parapoliciales, catalogados como civiles de apoyo a la Policía que realizan una labor ilegal; Miembros de la Juventud Sandinista, JS; Elementos paramilitares, catalogados como civiles de apoyo al gobierno o al partido, siguiendo una rutina característica de los militares (mando único, vertical, portan armas de guerra, comportamiento característico de individuos con formación militar), especificó el Tribunal.

En las consideraciones detallaron que la tortura sexual se manifestó por medio de: "violaciones carnales anales, violaciones carnales vaginales, violaciones anales y vaginales con objetos (cañones de fusiles, escopetas, pistolas, macanas antidisturbios o “amansa bolos”), violaciones múltiples de tres y más perpetradores (un caso de 15 sujetos violando a una prisionera), quema de genitales con ácido (posiblemente acido de batería), en casos, donde las mujeres fueron obligada a abortar producto de las violaciones o utilizando suero abortivo, desnudar a las personas capturadas ya sea delante de sus captores o delante de otros capturados, amenazas de ser violados, tanto hombres como mujeres entre otros".

A la comunidad internacional el Tribunal exhortó "para que exista un desconocimiento de la legitimidad del régimen de Nicaragua, convocándolos a intensificar la presión para conducir a un cambio democrático y la protección de las organizaciones civiles de Nicaragua que están siendo atacadas y a quienes están abiertamente denunciando la comisión de estos crímenes" y así mismo llaman a los organismos de protección de los derechos humanos de ONU y OEA a "prevenir que estos crímenes de lesa humanidad no vuelvan a repetirse, sancionar a los responsables de los hechos probados en este Tribunal y reparar en forma integral y transformadora a las víctimas del delito".

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En la resolución establecieron medidas de reparación y daños para las víctimas y dichas medicas "se plantean en el marco de un proceso de transición a la democracia, en el que se reconozca la dignidad de las víctimas" dice la resolución. 

Además recomiendan un "Programa Administrativo de Reparación Integral del Daño, que incluya tanto las medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y compensación. Se hace especial énfasis en la necesidad de atención de los niños y niñas. Por otro lado, estas medidas deberán tener un enfoque transformador de las relaciones desiguales de género que producen la violencia y discriminación contra las mujeres y la población LGBTTTIQ+". 

Como parte de las medidas de rehabilitación a las víctimas sugieren: "apoyo para el retorno digno y en condiciones de seguridad, programa de atencion integral en salud para víctimas de tortura, incluyendo a víctimas de tortura sexual, que incluya atención en salud física y mental y un programa para la reinserción de las víctimas en el trabajo y la recuperación de su proyecto de vida, como becas de estudio o apoyos para proyectos productivos o negocios" establecieron los jueces Almudena Bernabéu, Clemencia Correa, Alda Facio Montejo, Sonia Picado Sotela. 

En las "medidas de satisfacción" recomiendan la "inclusión de las voces de las víctimas en cualquier proceso de transición a la democracia, verdad y justicia".

Para la no repetición, recomiendan el "fortalecimiento del Estado de Derecho". Así mismo que haya una "compensación económica a través de  un programa administrativo de reparación integral del daño.

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