Dictadura Daniel Ortega utilizó violación sexual como tortura a manifestantes detenidos en abril 2018

Tomada de El 19 Digital

El Tribunal de Conciencia: “La Violencia Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua” que se instaló en Costa Rica determinó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizaron la violencia sexual como una táctica de tortura contra la ciudadanía que protestó a partir de abril de 2018.

El tribunal presentó 18 testimonios de personas detenidas ilegalmente entre el 21 de abril y el 25 de agosto de 2018, de los cuales 11 eran mujeres y 7 hombres víctimas de violencia sexual, por parte de la sancionada policía sandinista y paramilitares, dirigidos por Ortega-Murillo.

Uno de los testimonios refiere “Nosotros presenciamos cómo violaban a las chavalas. A unos los ponían de frente y les cortaban tal vez un dedo, los amputaban, les quitaban las uñas o les metían cuestiones dentro del ano (...). Usted podía ver a través del vidrio lo que le estaban haciendo a los chavalos”, relató una persona identificada como E013.

Las 18 personas fueron víctimas de violencia sexual a través de insultos con contenido sexual, principalmente dirigidos a mujeres, Amenazas de violación sexual dirigidas a las mujeres, Tocamientos y manoseos en partes íntimas, Obligación de desnudez absoluta, Apretones y mordiscos en los senos de las mujeres, Introducción de objetos en el ano, Violación sexual anal con pene, Violación sexual vaginal con pene.

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Un segundo testimonio revela que “La única mujer que no fue violada sexualmente fue porque, no sabía que estaba embarazada, tuvo un aborto involuntario por los golpes que recibió y en virtud de las hemorragias no se atrevieron a violarla, pero sí la obligaron a ver cómo violaban a su compañera de celda”.

10 de las 11 mujeres fueron victimas de violación sexual, incluso mujeres embarazadas y  2 hombres fueron vícitimas de violación sexual. En el caso de las mujeres fueron repetidamente violadas, varios agresores participaron simultáneamente, hubo ensañamiento en sus cuerpos, siendo sus senos mordidos y apretados y sus glúteos golpeados, las violaron vaginal y analmente, asimismo las amenazaron con violar a sus hijas y mientras las violaban otros observaban, incitaban y se reían, detalla el informe del Tribunal de Conciencia.

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De las víctimas, siete eran estudiantes universitarios, tres laboraban como profesionales, uno era agente de seguridad y los restantes siete se dedicaban a labores varias; todos tenían edades entre los 19 a 38 años de edad. Según la investigación, 10 de las víctimas estuvieron presos en “El Chipote” y lugares clandestinos.

Otro testimonio de las víctimas refiere “Cuando iba sobre la carretera voy corriendo y vinieron los paramilitares encapuchados y me dicen ¿que llevas ahí esa bolsa? Yo nerviosa ni me acordaba que eran morteros y empezaron a golpearme con los puños y patadas. Me  tiraron al piso y me violaron dos de los tres hombres encapuchados. Mientras unos me violaban el otro me apuntaba con el arma; yo sentía que quería morirme, ellos estuvieron como una hora mientras me abusaban”.

Todas las capturas se realizaron en plena vía pública o bien fueron sacados de sus casas de habitación, sin orden judicial ni órdenes de allanamiento de morada. Las personas son secuestradas por policías uniformados, quienes se hacen acompañar de civiles armados (paramilitares). 

Respecto a la cadena de mando, el Tribunal de Conciencia responsabilizó a la dictadura de  Daniel Ortega, Rosario Murillo y Francisco Díaz, Director de la Policía Sandinista por la comisión de crímenes de Lesa Humanidad en Nicaragua.

En Nicaragua el Código Penal establece la tortura como un delito de lesa humanidad, sin hacer mención a condiciones de sistematicidad y generalidad, como lo hace el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Organismos nacionales e internacionales (OACNUDH y CIDH) documentaron la sistematicidad de la tortura, practicada por agentes estatales.

La violación sexual como tortura constituyó en Nicaragua un delito de lesa humanidad porque fue perpetrada por agentes estatales como parte de un plan o estrategia preestablecida, es decir, con intencionalidad y conocimiento del plan; fue practicada de manera generalizada y sistemática; se practicó contra la población civil, y tuvo un propósito.

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La Fundación Arias para la Paz en Costa Rica creó el  Tribunal de Conciencia. Lina Barrantes, directora de la Fundación, explicó que, desde hace año y medio, empezaron a acercarse expresos políticos y descubrieron que había un patrón en las agresiones que relataban: la violación y el abuso sexual como tortura durante el encarcelamiento. 

En el tribunal participaron Soraya Long, exdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); Roberto Samcam, nicaragüense analista político y exiliado; Javier Meléndez, sociólogo nacido en Nicaragua y exiliado en Estados Unidos; y una perita encargada de revelar la parte psicosocial, cuya identidad está protegida.

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