Diputados sandinistas remiten Ley Mordaza a tres comisiones tras presentarse en Asamblea Nacional

Los diputados sandinistas presentaron la Ley especial de ciberdelitos conocida como Ley Mordaza. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Justicia, a la de Educación y la de Infraestructura para el proceso de consulta. Esta inciativa de ley la promueven 70 diputados rojinegros e impone penas de cárcel y multas a quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consideren que publican o difunden "fake news" o creen "zozobra" "alarma". 

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro denunció ante la población nicaragüense, la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, que el decreto presidencial declara como “Ciberdelitos en Nicaragua” el uso de la información y comunicación digital entre ciudadanos; representa una gravísima violación al derecho humano fundamental de la libertad de expresión.

Con este decreto publicado en la Gaceta la dictadura Ortega Murillo criminaliza todo tipo de expresión pública de ideas y pensamientos, que se realice usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es decir, internet y las redes sociales, señaló la Fundación Chamorro.

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El artículo 30 de la “Ley Especial de Ciberdelitos” contempla penas de prisión a aquellas personas que utilicen “las tecnologías de la información y comunicación para publicar lo que ellos consideren noticias falsas, tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población”.

“Todos sabemos que es una decisión sumamente restrictiva para la libertad de prensa y de expresión”, comentó Luis Botello, vicepresidente de Nuevas Iniciativas e Impacto del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), con base en Washington, durante una entrevista con la Voz de América.

“En un país como Nicaragua, donde la prensa independiente prácticamente ha sido cerrada y tiene muy pocas posibilidades de poder informar de manera libre y sin tener que pensar en represalias, este tipo de medidas estarán en manos de autoridades que van a decidir qué es verdad y qué no es verdad”, decía el portavoz de ICFJ convencido de que “eso limitaría cualquier juego de ideas libres que requiere una democracia”.

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La exguerrillera Dora María Téllez aseguró en 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau que la “ofensiva” del régimen sandinista busca la “censura” y “autocensura” de las voces disidentes “quieren silenciar por completo las redes sociales y medios de comunicación que tienen plataformas digitales porque prácticamente a la dictadura se le ha hecho imposible”. 

Al igual que Téllez, el analista José Pallais señaló que el proyecto de Ley tiene la “intención” de tener una población “desinformada”, una ciudadanía que no proteste, denuncie abusos del poder y una prensa sometida o temerosa con penas de cárcel.

“Basta que el Ministerio Público diga que una noticia es falsa, es una amenaza contra todos los ciudadanos, pretende criminalizar, llevar temor”, expresó Pallais.

El Artículo 43 La Extracción establece: “Para efectos de extradición relacionado a la comisión de los delitos tipificados en la presente ley, a falta de tratados o convenios internacionales de los cuales la República Nicaragua se ha estado parte, las condiciones, el procedimiento y los efectos de la extradición estarán determinados por lo dispuesto en la ley número 406 Código Procesal Penal, lo cual se aplicará también a los aspectos que no haya sido previstos por el tratado o convenio respectivo”.

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Al respecto, Pallais señala que para perseguir o extraditar a un ciudadano tiene que ser delito en ese país debido a que las leyes no ser aplicadas arbitrariamente con objetivos políticos “las leyes no permiten manipulaciones, va a ser muy difícil, ya que se conoce el tipo de régimen porque ya saben que violenta sus propias leyes. Aquí hay un pueblo dispuesto a resistir, hay un pueblo valiente, este paquete totalitario, esta avanzada de censura, persecución lo están haciendo porque no han podido callar a los nicaragüenses ni podrán”.