Unión europea renueva sanciones a funcionarios del régimen de Daniel Ortega por un año más

Este 12 de octubre el Consejo Europeo, integrado por los jefes de Estado de los 27 estados miembros de la Unión Europea, decidieron renovar las sanciones impuestas a seis funcionarios del régimen de Daniel Ortega, acusados de corrupción y violaciones de los derechos humanos. 

En vista de la situación que vive Nicaragua la Unión Europea (UE) amplía el marco existente para imponer medidas restrictivas selectivas durante un año más, es decir hasta el 15 de octubre de 2021.

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Entre los funcionarios sancionados están Francisco Díaz, director de la Policía Orteguista; Néstor Moncada Lau, asesor de Ortega en Seguridad Nacional; Sonia Castro, asesora en temas de Salud; Ramón Avellán, subdirector de la Policía Orteguista; Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, ambos altos mandos policiales. 

Es de conocimiento general que, en octubre de 2019, el Consejo Europeo, una de las máximas instancias de la UE, introdujo el régimen de sanciones después de expresar “repetidamente su preocupación por el deterioro de la situación política y social en Nicaragua y condenado firmemente la represión de opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y la sociedad civil desde abril de 2018”.

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De acuerdo con el comunicado de prensa, el marco existente prevé la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales contra las personas y entidades responsables de violaciones o abusos de derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como contra personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades que socaven democracia y el Estado de Derecho.

“Las sanciones consisten en una prohibición de viajar a la UE, una congelación de activos para personas y una congelación de activos para entidades. Además, las personas y entidades de la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de los enumerados”, señalan.

Por su parte los 27 jefes de Estado de Europa también exigieron al régimen que cese la represión de las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales.