Nicaragua comienza debate constitucional para aprobar cadena perpetua

La propuesta de reforma a la Constitución Política de Nicaragua para establecer la cadena perpetua por crímenes de odio fue presentada por diputados sandinistas ante la primera secretaria de la Asamblea Nacional.

El presidente Daniel Ortega expresó, el pasado 15 de septiembre, su deseo de castigar de por vida a quienes se atrevan a cometer “crímenes de odio que atenten contra la seguridad del Estado”.

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El diputado liberal Walter Espinoza explicó a la Voz de América que los parlamentarios sandinistas están cumpliendo con los requerimientos legales para impulsar la reforma, aunque puso en duda las verdaderas intenciones del gobierno.

“Sí están llevando el proceso debido. Sin embargo, quiero poner la duda si esto viene a ayudar a la seguridad del país y no es una mala intención del gobierno, que quiere venir amenazando a un sector mayoritario que está en contra de este gobierno, como lo ha venido haciendo”.

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Grupos opositores han dicho que la propuesta de cadena perpetua, más la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza” y la de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, ya aprobada, “son claras muestras de la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos por un gobierno cada vez más represivo y violatorio de los derechos de los nicaragüenses”.

El politólogo y opositor José Antonio Pereza expresó su preocupación al respecto.

“La intención política está clara. La intención política es tener un recurso legal para castigar a todo aquel que se levante, que se insurrecciona, que proteste, y entonces aplicarle todo el rigor de la ley, en otras palabras, para meterlo hasta el último de sus días en la cárcel”, dijo Pereza.

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El proyecto, firmado por los 70 diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, propone reformar el artículo 37 de la Carta Magna que fija en 30 años la pena máxima en Nicaragua.

Ese artículo establece que “no se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de 30 años”, límite que sería derogado con esta reforma constitucional. 

Reporte de la Voz de América