Régimen sandinista ejecuta expropiación de tierras a cinco campesinos en muelle de los bueyes
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la juez sandinista de ejecución y embargo, Miriam Rubio Gutiérrez, ordenó la confiscación de varias manzanas de tierra que estaban en posesión de campesinos en el municipio Muelle de los Bueyes de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
Entre los afectados con la expropiación están Ismael José Fernández Zamoran, José Santos García Lira, Felipe de Jesús Mendoza Alvarado, quienes denunciaron que fueron amenazados y obligados a firmar un documento informal en el que autorizan ceder las manzanas de tierra a un ciudadano identificado como Alejandro Lacayo.
Según los denunciantes, el pasado 11 de noviembre, unos 70 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la sancionada policía sandinista llegaron a sus fincas y los amenazaron con cárcel si se resistían a firmar un acta de acuerdo en la que ceden parte de sus propiedades, pese a que campesinos propietarios no tienen deudas de ningún tipo para ser sometidos a embargo.
“Se deja en posesión de seis manzanas donde está incluida una casa de madera. Comparece en calidad de ejecutado el señor Felipe de Jesús Mendoza Alvarado, es de hacer mención que la parte ejecutante en aras de garantizar la paz social que conlleva este acto de ejecución de forma pacífica se realizará escritura de desmembración a favor de los señores antes mencionados.
Comprometidos a realizar la desmembración y no provocar disturbios, ni alteración al orden público, dejándolo claro que si no cumplen lo establecido en el acta serán procesados en la vía penal”, indica el papel que firmaron bajo amenazas los campesinos. El documento lleva el sello y firma de la juez sandinista Miriam Rubio Gutiérrez.
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El despojo ilegal fue ejecutado por la policía a cargo del comisionado Álvaro José Pérez Marenco, segundo jefe de división, en Muelle de los Bueyes.
En los últimos días, varios tomatierras llegaron a la finca para hacer medidas y dividir la propiedad “Nos han dicho que si denuncian nos van a meter presos”, dijo uno de los afectados.
Las familias campesinas piden a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales apoyo jurídico por la arbitrariedad cometida contra ellos.