Nicaragua cierra por tercera vez el año con más de 100 presos políticos

MANAGUA - Un año más los amigos del estudiante Kevin Solís no podrán estar junto a él en las fiestas de fin de año, tras haber sido encarcelado por segunda ocasión por protestar contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega.

Solís había sido detenido en una primera ocasión en septiembre de 2018, cinco meses después de que comenzaron las manifestacicones antigubernamentales, sin embargo fue liberado en virtud de la polémica Ley de Amnistía.

No obstante las autoridades nicaragüenses lo detuvieron más tarde, cuando salía de una universidad privada y fue entonces acusado nuevamente por el supuesto delito de robo agravado, en perjuicio de un simpatizante del gobierno.

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“Estos días han sido bastante nostálgicos y frustrantes por el hecho de recordar que tengo amigos presos como Kevin Solís. Él lleva demasiado tiempo encarcelado por la dictadura. Estar ahí es muy difícil. Da tristeza, enojo, te hace sentir insuficiente, incapaz”, dijo a la Voz de América, Jonathan López, amigo de Solís quien también estuvo detenido por su participación en las protestas contra Ortega en 2018.

López señala que la situación para los presos políticos es cada vez más difícil, sobre todo porque durante las primeras redadas hace más de dos años, existía mucha presión internacional y la cifra de detenidos era más alta.

“Antes habían hasta 550 detenidos en las galerías y las personas compartían con otros y en esta ocasión están solos, aislados, esto se suma a la decepción que hay por la opisición”, lamenta López.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, al menos 100 personas que se manifestaron contra el gobierno de Ortega se encuentran actualmente detenidos en Nicaragua. La mayoría de ellos están en condiciones inhumanas y bajo presuntos interrogatorios y torturas, según ha denunciado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Opositores exigen un diciembre sin presos políticos

Opositores en Nicaragua sostienen que pese a las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea a funcionarios nicaragüenses, en demanda por la liberación de opositores arrestados por razones políticas, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha hecho caso omiso.

“Tenía la esperanza que con todas las sanciones que tuvimos estos años, en contra del régimen de Ortega y sus aliados, tener una respuesta de la liberación de los presos políticos. Estamos por terminar el año y no tenemos una respuesta positiva por parte de Ortega” , lamentó Róger Reyes, líder territorial de la Unidad Nacional Azul y Blanco.

A inicios de diciembre los principales bloques opositores del país lanzaron la campaña llamada “Navidad sin presos políticos”, cuyo propósito era la excarcelación de los activistas, la cual tampoco tuvo resultados.

Para la organización Unión de Presos y Presas Políticas, la presión para demandar la liberación de los opositores no fue suficiente. Allan Gómez, representante de esta organización, cuestionó que la prioridad de la oposición sea participar de las elecciones generales del próximo año.

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“Vimos en la pasada resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) de que el punto de los presos políticos se tocó como un punto de agenda más, y la prioridad siempre ha sido ir a elecciones con un criminal de lesa humanidad y eso está avalado primero por la comunidad internacional y también por los grupos de oposición”, cuestionó Gómez.

Nicaragua vive una de sus peores crisis políticas de los últimos 30 años. La situación se ha ido agravando desde las protestas contra el gobierno de Ortega, surgidas en 2018.

En ese entonces fueron asesinados al menos 300 manifestantes, de acuerdo con organismos de derechos. También hubo miles de exiliados y varios detenidos por su postura crítica al mandatario nicaragüense que volvió al poder en 2006.

Ortega ha negado desde entones que hayan presos políticos en el país y ha acusado a los opositores de ser supuestamente “golpistas y terroristas”.