Sacerdotes sufrieron "desnudez forzada" en cárceles de Nicaragua, señala informe del Grupo de Expertos ONU

Sacerdotes y religiosos que estuvieron en las mazmorras de la dictadura sandinistas en Nicaragua, fueron víctimas de "desnudez forzada", tanto en el complejo Evaristo Valle conocido como El Nuevo Chipote y en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa, señala una actualización del informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua dedicado a las violaciones y abusos de los derechos humanos contra miembros de la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas en Nicaragua. 

"Estos actos incluyen: largos interrogatorios; amenazas; desnudez forzada; prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes; luz artificial continua; y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes" señala el informe. 

En el informe detallan que en el Nuevo Chipote, estuvieron detenidos al menos nueve sacerdotes junto con otras personas opositoras o percibidas como tales, el Grupo de Expertos recuerda que las víctimas fueron sujetas a un “entorno de tortura”, ya que estas sufrieron prácticas ilegales de aislamiento prolongado o indefinido, régimen de incomunicación, irritación sensorial, amenazas e insultos, entre otros. Tampoco tuvieron acceso a biblias y no se les permitía orar en voz alta. 

“El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que los actos u omisiones cometidos por agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional fueron actos deliberados y se llevaron a cabo con la intención de imponer a las personas miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, opositoras o percibidas como tales, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales y los funcionarios que participaron en cada uno de los casos de tortura y malos tratos documentados actuaron con el propósito de obtener información, castigar, intimidar o coaccionar a las víctimas, o de discriminarlas por ser o ser percibidas como opositoras al Gobierno”, refiere el documento.

El Grupo de Expertos en su primer informe estableció que estos actos de tortura y otros tratos es parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde abril de 2018 y que es dirigido contra una parte de la población de Nicaragua, y que por lo tanto el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que los actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad.

"Hay motivos razonables para creer que el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo, funcionarios y autoridades de los poderes e instituciones del Estado a todos los niveles, referidas en la sección VII del documento, participaron en un patrón de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en contra de los miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, opositores o percibidos como tales", indican. 

También se determinó que con la deportación y privación arbitraria de la nacionalidad de miembros de la Iglesia católica, la dictadura sandinista buscó silenciar a aquellos que públicamente habían manifestado su desacuerdo con las acciones del Gobierno. Con el cierre de las iglesias de otras confesiones cristianas, buscó anular la capacidad de convocatoria y movilización social que pudiera amenazar su poder. 

“La persecución de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas también violó el derecho de miles de personas de practicar libre y públicamente su derecho a la libertad de religión, con efectos en otros derechos como la libertad de conciencia, expresión y opinión. Las prohibiciones gubernamentales de celebración de actos religiosos públicos y masivos y la criminalización por manifestar la pertenencia a una iglesia generaron temor en la población”, por lo que esto provocó que “muchos sacerdotes y religiosos han huido de Nicaragua y miles de feligreses han dejado de asistir a misas y cultos por miedo a ser hostigados por la policía y luego criminalizados”, detalla el contundente informe del Grupo Expertos.

El Grupo recuerda que Monseñor Rolando Álvarez permaneció detenido por más de 11 meses, con largos períodos en régimen de aislamiento en la sección de máxima seguridad de la cárcel La Modelo (sector La 300), en la zona conocida como El Infiernillo. 

"Esta sección está compuesta de celdas oscuras, insalubres, sin ventilación, sin suficiente luz natural y expuestas a la humedad, el frío y el calor extremo. Monseñor Álvarez no tuvo visitas familiares durante los primeros 43 días de su detención en La Modelo. El Grupo de Expertos concluye, con motivos razonables para creer, que estos actos u omisiones constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en algunos casos, tortura, tanto física como psicológica". 

El Grupo de Expertos aclara que no han efectuado "determinaciones sobre la responsabilidad penal individual ˗ tanto en jurisdicciones internacionales como en la jurisdicción nacional ˗ que pueden incurrir funcionarias, funcionarios, exfuncionarias y exfuncionarios de las distintas agencias e instituciones del Estado mencionadas en esta sección". 

Pero "ha identificado a individuos cuyas contribuciones dentro del engranaje del Estado podrían generar responsabilidad penal individual tanto a nivel internacional como nacional. La eventual responsabilidad penal individual de estos individuos por los crímenes cometidos por medio de actos u omisiones la tienen que determinar las autoridades competentes por medio de una investigación adicional", explican.