Asamblea Nacional aprueba ley que amplía a tres meses la prisión preventiva en Nicaragua

Managua, 2 feb (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría sandinista, aprobó este martes una reforma al Código Procesal Penal en la que amplía de 48 horas a tres meses la prisión preventiva para los sospechosos antes de enfrentar juicio.

La enmienda fue aprobada por los 70 diputados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados, de los 92 votos posibles, dijo en el pleno el titular del Parlamento, el sandinista Gustavo Porras.

El Código Procesal Penal ahora establece que una persona podrá estar detenida, bajo investigación, entre 15 días y 90 días, y no 48 horas, como era hasta ahora.

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La "Ley de Reforma y Adición (al) Código Procesal Penal" fue aprobada por los diputados sandinistas ante solicitud expresa del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en medio del rechazo de expertos constitucionalistas y defensores de los derechos humanos.

La nueva legislación coincide con las denuncias de ONGs humanitarias locales e internacionales sobre opositores arrestados, denominados "presos políticos", algunos de los cuales han pasado varios meses en la cárcel antes de ser acusados de manera formal.

La extensión del tiempo de cárcel preventiva coincide con el año electoral, cuyo día clave será el 7 de noviembre próximo, en el que Ortega se juega 42 años de dominio casi total de la política nicaragüense.

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La reforma para incrementar los días de prisión preventiva es la más reciente de lo que la oposición llama "paquete de leyes represivas" aprobadas en el contexto del año electoral.

Dicho "paquete" incluye el establecimiento de la cadena perpetua para "crímenes de odio", la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como "Ley Putin" por sancionar pagos y donaciones del exterior, la Ley de Ciberdelitos, apodada "Ley Mordaza" por regir información digital, y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que impide aspiraciones políticas a quienes critiquen al Gobierno.

Según los expertos, estas leyes en su conjunto impiden la competencia en la carrera por la presidencia contra Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, tras haberlo hecho entre 1979 y 1990