Consejo de Derechos Humanos aprueba con 20 votos a favor resolución para protección de DDHH en Nicaragua

Con 20 votos a favor, 18 abstenciones y 8 votos en contra, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la nueva resolución sobre la promoción y la protección de los Derechos Humanos en Nicaragua. La resolución refuerza y amplía el mandato de monitoreo de la Oficina de la Alta Comisionado de Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet que actualizaría la situación de los derechos humanos en Nicaragua, informó la Red Internacional de Derechos Humanos. 

"La próxima actualización será en las sesiones de Junio y Septiembre y presentará un informe exhaustivo sobre la situación de Derechos Humanos del país en Marzo 2022" precisó la Red de DDHH en su cuenta de twitter. 

"Ante la falta de reformas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, la Alta Comisionada Michelle Bachelet  seguirá de cerca la situación de DDHH durante el proceso electoral y presentará al Consejo de Derechos Humanos un informe con recomendaciones antes de finales de 2021" agregó la Red internacional de DDHH.

En la región Nicaragua, Venezuela, Rusia, Bolivia votaron en contra. La sorpresa en la votación la dio Argentina y México se sumaron a la votación favorable de la resolución.

La organización reiteró el llamado al régimen de Daniel Ortega a liberar a los más de 100 presos políticos, reformas electorales y preocupación por las nuevas legislaciones represivas contra las voces disidentes.

En el primer punto de la resolución, reiteran el llamado a Daniel Ortega a realizar reformas electorales para la solución pacífica y democrática a la crisis de derechos humanos en el país.

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“Elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, de conformidad con obligaciones y normas internacionales, son esenciales para una solución pacífica y democrática (...) participación sin trabas de los políticos de oposición y observadores electorales nacionales e internacionales independientes. Observando con grave preocupación la falta de avances del gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes”, señalan.

Restablecer espacios cívicos 

El Consejo instó a Ortega a restablecer los espacios cívicos debido a que persisten las prohibiciones de manifestaciones públicas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía sandinista para reprimir protestas sociales.

La represión de la disidencia incluye actos de intimidación, hostigamiento y vigilancia ilegal o arbitraria de defensores de derechos humanos, incluidas mujeres, indígenas, Afrodescendientes y defensores de los derechos humanos ambientales, líderes comunitarios y religiosos, periodistas y otros trabajadores de los medios, estudiantes, víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares y personas que expresan opiniones críticas.

“Insta autorice los actos pacíficos y públicos manifestaciones, derogar o modificar la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y asociación, a la privacidad y a participar en la dirección de los asuntos públicos”, refieren

Devolver medios confiscados

Respecto a la libertad de prensa, la resolución resalta el número creciente de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes obligados a cesar sus actividades debido a restricciones administrativas y financieras impuestas por reformas legales aprobadas desde 2018.

“Cancelaciones arbitrarias de sus registros legales y sobre el impacto que estos cierres (...) especialmente el derecho a las libertades de opinión y expresión, asociación y el derecho a la privacidad (...) e insta al Gobierno de Nicaragua a restablecer la legalidad registro de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes que han sido cancelado desde 2018, y para devolver los activos incautados, incluidos los bienes confiscados”.

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El Consejo señala que Daniel Ortega debe garantizar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto del 2018, garantizar el retorno seguro de los exiliados, así como a mantener imparcialidad en el sistema de justicia.

La medida también llama al régimen a permitir el ingreso y cooperar plenamente con la Oficina del Alto Comisionado, incluida su Oficina Regional para Centroamérica, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, y la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH).

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