Empresas privadas centroamericanas piden a gobierno de El Salvador respeto a las leyes
Las empresas privadas centroamericanas expresaron su preocupación por la situación política en El Salvador, tras la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, acción que consideran “atenta” contra la separación e independencia de Poderes del Estado que consigna la Carta Democrática Interamericana.
En un comunicado, la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, (FEDEPRICAP) manifestó su profunda preocupación por la República de El Salvador, después de la “ilegítima e inconstitucional” destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional.
“Aunque respetuosos de la soberanía de cada país, consideramos que los actos contrarios a la Constitución y la independencia de poderes deben ser rectificados a la brevedad, para recuperar la tranquilidad del país y concentrarse en la generación de oportunidades para los emprendedores, el fortalecimiento de los sistemas sanitarios y la reactivación económica”, reza el documento.
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FEDEPRICAP señala que la falta de separación de poderes genera inestabilidad política y social “un poder judicial independiente, la seguridad jurídica y los pesos y contrapesos son fundamentales para una democracia sana y una economía sólida, que permitan atraer inversiones, generar más y mejores empleos y disminuir la pobreza”
Ante la incertidumbre que genera las nuevas acciones, los empresarios centroamericanos hicieron un llamado a las autoridades de El Salvador, para que prevalezca el respeto a las leyes y a las instituciones, “la tolerancia y búsqueda de acuerdos y soluciones a través del diálogo sean permanentes y encaminadas a los mejores intereses de los salvadoreños”, indican
El pasado primero de mayo la Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, destituyó a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestamente cometer "fraude a la constitución" y violar la separación de poderes.
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La destitución, que deja incompleta y sin presidente al órgano Judicial, fue aprobada por 64 votos de los 84 diputados, todos del oficialismo.
Los votos fueron dados por los partidos Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).