Embargo a Diario El Nacional en Venezuela enciende alertas al periodismo en Nicaragua

MANAGUA - El último golpe al periodismo venezolano que se materializó con el embargo al edificio del periódico El Nacional el pasado viernes 14 de mayo, ha encendido las alertas en Nicaragua, donde bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega, aliado de Nicolás Maduro, se han cerrado decenas de medios de comunicación, y dos han sido confiscados, desde su llegada al poder en 2006.

Reporteros y organizaciones de periodistas expresan que el panorama en Nicaragua es sombrío en cuanto a la libertad de prensa, al igual que en Venezuela, sobre todo ante la posibilidad de que Ortega sea reelegido para un tercer mandato consecutivo, aprovechando la división de los opositores y el engranaje legal que ha formado con leyes que le dan ventajas.

Julio López, miembro de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), la agremiación de reporteros más grandes del país, señala que sería “sombrío” y “desalentador”, que Ortega se quede por cinco años más en el poder, tras los comicios previstos para noviembre de este año.

Eduardo Enríquez, el jefe de información del diario La Prensa —el más antiguo de Nicaragua y que estuvo a punto de quedar únicamente en digital por un bloqueo a su materia prima—, augura que ante una posible reelección del mandatario, “los medios quedarían reducidos a su mínima expresión”.

“No me extraña que hayan tomado esa medida en contra del último medio grande que quedaba. En Venezuela están terminando de establecer el modelo cubano”, dijo el periodista a la Voz de América.

Lo que queda del inmueble de El Nuevo Diario, el segundo periódico de circulación en Nicaragua, que puso fin a sus operaciones tras la crisis sociopolítica de 2018. Foto archivo Houston Castillo, VOA.

Enríquez considera que “Ortega es igual que los chavistas y los castristas: odian la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

“Si Ortega consolida su régimen autoritario después de las elecciones, podemos estar claros que los medios independientes quedarán reducidos a su mínima expresión, o bloqueados mediante leyes de tal manera que tendrán que autocensurarse. El futuro de la libertad de expresión en Nicaragua no es muy halagador”, indica.

Por su parte Julio López, comenta que el reto tras las elecciones será continuar resistiendo, aunque al igual que Enríquez piensa que con una menor capacidad y un posible aumento de periodistas que se exilarían.

“El régimen ha empezado a utilizar otras formas para callar a la prensa que no implica una confiscación como ocurrió con 100% Noticias o Confidencial, están legalizando la represión, la censura por medio de varias leyes”, lamenta.

Desde 2006, varios medios nacionales y locales han cerrado en Nicaragua. En formato impreso quedó únicamente La Prensa, debido al cierre de El Nuevo Diario en septiembre de 2019, pero también han surgido decenas de plataformas digitales. No obstante, sus reporteros indican que no escapan de los métodos que ha buscado el oficialismo para acallar voces críticas.

Dorian Orozco que trabaja en el medio Nicaragua Investiga, surgido en la crisis de 2018, ha escrito diversos trabajos periodísticos y como medida de seguridad asegura que en muchas ocasiones ha preferido no firmar sus artículos por temor a leyes aprobadas recientemente por el oficialismo, como la Ley de Ciberdelitos, que impone cárcel a quienes divulguen noticias que “causen zozobra” o sean consideradas como falsas.

El periodista Dorian Orozco, del medio digital Nicaragua Investiga, durante una cobertura preelectoral. Foto Houston Castillo, VOA.

“El periodismo atraviesa una situación crítica por el combo de leyes que han aprobado los legisladores oficialistas en la Asamblea Nacional”, dice Orozco, quien comenta que recientemente la nueva presidenta del Poder Electoral, Brenda Rocha, amenazó a los medios independientes con “aplicar todo el peso de la ley si realizan campañas que sean consideradas de odio”.

Según Orozco, esto es en clara alusión a la nueva Ley de Ciberdelitos, que contempla en su artículo 30 si la información incita al odio, se le impondrá una pena de tres a cinco años de prisión.

“Los medios digitales independientes también están en riesgo de ser allanados o confiscados, porque lo que pretende el gobierno es callar a todas aquellas voces críticas a su gestión”, concluye Orozco.