La contradicción ambiental de Daniel Ortega y su gobierno, “el más depredador”

Mientras las concesiones y decretos aprobados por el régimen dejan en evidencia la negligencia oficial durante todo este período 2007-2021, los bosques, ríos, humedales y territorios protegidos son explotados a gran y pequeña escala. Nicaragua está bajo el frenesí del extractivismo. El equipo de Fact- Checking realizó un monitoreo de estos casos y la contradicción que existe en los discursos de Ortega, que se vende como un gran conservador ambiental.
Redacción Abierta.

El 23 de abril de 2021, durante el acto de clausura del Foro Reencuentro con la Madre Tierra, Daniel Ortega habló casi media hora sobre el impacto del cambio climático, sus causas y quiénes son los verdaderos culpables, incluso en Nicaragua, de todo el desastre ambiental. Otra vez, el mandatario sandinista repitió el discurso de 2016 y de nuevo en campaña electoral. Ignoró, como siempre, que su gobierno permite la deforestación de miles de hectáreas de bosques y exaltó sus pésimas políticas de conservación.

El equipo de Fact- Checking de REDACCIÓN ABIERTA realizó un análisis del discurso ambiental de Ortega y lo clasificó como falso

Un claro ejemplo de que las políticas gubernamentales son insuficientes, o nulas, es el caso de la cordillera de Dipilto-Jalapa, en el que se mezcla la corrupción, la ilegalidad y la injusticia social. Esta cordillera fue declarada área protegida en 1991, según el decreto 42/91, con el fin de convertirla en reserva natural. La cordillera es proveedora del recurso agua a más de 300 mil segovianos que viven en los 12 municipios del departamento.

Si bien la deforestación de la cordillera ha ocurrido desde mucho antes de que Ortega llegara al poder, es en su administración cuando más se ha perdido la cobertura forestal en la zona. A través de decretos ejecutivos que dictan la suspensión de veda para el pino y otras especies de árboles como el pochote y el cedro real, es que el mandatario ha logrado “depredar” este ecosistema, afirma Hazly Tourniel, miembro del grupo ambientalista Mogotón.

A pesar que existen leyes vigentes (como la Ley 585 de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso natural; Ley 217 general del medio ambiente y los recursos naturales y sus reformas y adiciones contenidas en la Ley 647), el Gobierno minimiza el cumplimiento de las ordenanzas aprobando decretos inconstitucionales, como el decreto presidencial 02-2021, que suspende la veda de los árboles de la especie de pino; así como el decreto presidencial 03-2021, que elimina la veda de los árboles de la especie de cedro real y pochote.

Amparados en estos decretos ocurre la sobreexplotación y el blanqueo de madera. Tourniel asegura que hay cinco grandes elementos determinantes en el negocio maderero: “Los dueños de bosques, los funcionarios públicos junto con el Gobierno, los madereros y las autoridades: alcaldes y policía, por ejemplo. Y en muchos casos, el Ejército ha tenido que ver en la protección y el apadrinamiento de algunos mafiosos, porque la mayoría son exmilitares que están metidos en el negocio hoy”.

En el caso de los pinares, hay que recordar que las autoridades usaron el “saneamiento ambiental” para justificar el blanqueamiento en esta área protegida, en la que aseguraban que estaban infectados con gorgojos. Sin embargo, el grupo ambientalista Mogotón pudo verificar que muchos de los pinos extraídos se encontraban sanos.

Las concesiones a mineras, camaroneras y salineras.

La minería artesanal en la Reserva Biológica Indio Maíz. Foto: Redacción Abierta.

No todo es culpa de la expansión agrícola y ganadera en las distintas reservas y áreas protegidas que existen en el país, ocasionadas mayormente por los colonos, como ha ocurrido en los últimos años en la reserva de biósfera Bosawás. Otro de los grandes culpables son las concesiones a empresas privadas y transnacionales. 

En un documento del Ministerio de Energía y Minas (MEM), con fecha del primero de marzo de 2021, indica que han otorgado 274 concesiones mineras metálicas y no metálicas, sumando un total de 988,325.77 hectáreas que representan el 8.30% del territorio nacional. El mismo documento señala que hay 118 solicitudes en espera, las cuales suman 1,917,888.06 hectáreas, o sea, un 16.12% del área terrestre nacional.

Recientemente entró a operar el plantel en la mina de San Albino que abarca 133,400 hectáreas en el departamento de Nueva Segovia. A pesar de la lucha de varios movimientos y organizaciones desde el año 2017 donde mostraron su negativa a la llegada de la empresa de capital canadiense Golden Reign, ahora Mako Mining Corp.  También, a la falta de consultas a las comunidades, igualmente la minería llegó y ya hay quejas de los pobladores cercanos de que se está filtrando el agua de la presa de cola con cianuro al agua que consumen. 

Lo mismo pasó en Rancho Grande, luego de años de lucha de las comunidades. “Ya llegó la minería ahí”, afirma Campos, en la mina conocida como Tajo Pavón. El propio MARENA había declarado el proyecto no viable en el año 2015, aduciendo que:

“Considerando que la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (número 217) y su reforma la Ley 647, en su artículo No.4, Numerales 3 y 8 establecen El Principio de Precaución, como medida del Estado ante los impactos y consecuencias ambientales que causasen los proyectos, obras y servicios para prevenir daños ambientales y sociales, por lo tanto se aplica este Principio de Prevención al proyecto de Mina a Cielo Abierto Tajo Pavón, ubicado en el Municipio de Rancho Grande, Departamento de Matagalpa”.

Durante el trámite de revisión, inspección y análisis el equipo de trabajo técnico Interinstitucional determinó que el área de emplazamiento del Proyecto de acuerdo a los instrumentos técnicos de medición, es un sitio que presenta riesgos a desastres por deslizamiento con rangos de pendientes. Así como también ocasionaría afectaciones ambientales directas a la hidrología superficial de las aguas de los Ríos Yaoska y Tuma.

Que por las características del sitio y su cercanía a la Reserva Natural de Yaoska, tendría impactos negativos a las áreas de tránsito natural de las especies silvestres en la conectividad Biológica con las Reservas Naturales del Macizo de Peñas Blancas y Bosawás.

Otro factor es la pequeña minería que ha crecido exponencialmente, una actividad en la que hacen uso de mercurio para separar el oro. El ingeniero Víctor Campos asegura que han detectado al menos 50 municipios del país donde se está practicando pequeña minería con uso de mercurio, incumpliendo el gobierno con el convenio Minamata que fue aprobado por la Asamblea Nacional el 4 de septiembre de 2014, y que entró en vigencia el 16 de agosto de 2017 con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio.

También se encuentran las concesiones a empresas que se dedican al cultivo extensivo del camarón y las salineras. Algunas incluso han deforestado grandes áreas de bosque de mangle, sobretodo en la zona de la reserva natural Estero Padre Ramos y el Estero Real. 

El Centro Humboldt reporta una pérdida de 34 mil 700 ha de bosque de mangle, existiendo 61 mil 646 ha en el año 2011 y pasando a 26 mil 946 ha en el año 2018. Nicaragua forma parte de la convención Ramsar que entró en vigor el 30 de noviembre de 1997. El país tiene actualmente 9 sitios designados como Humedales de Importancia Internacional (sitios Ramsar), con una superficie de 406,852 hectáreas (dato de 1997). Algunos de estos sitios se encuentran olvidados y otros explotados. 

Los préstamos y el Fondo Verde para el Clima (FVC). 

A pesar del incumplimiento del gobierno de conservar y preservar el medio ambiente y a reducir el impacto del cambio climático, estos reciben millonarios préstamos y donaciones para sus proyectos. Un ejemplo es el Proyecto Bio-CLIMA que se denomina como una acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las reservas de biósfera Bosawás y Río San Juan.

El proyecto tiene un valor de 116.6 millones de dólares, de los cuales 64.1 millones de dólares cuenta con la participación del FVC, donde 37.9 millones son en calidad de préstamo al Gobierno de Nicaragua y 26.1 millones en calidad de donación. 

El monto total del financiamiento será completado con un préstamo del BCIE al Gobierno de Nicaragua a través del Programa de Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social (PRPEES) por un monto de 18.9 millones de dólares, así como recursos de donación del Fondo de Colaboración para el Carbono Forestal del Banco Mundial (FCPF, por sus siglas en inglés) por un monto de 24.3 millones de dólares, y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) por un monto de 8.3 millones de dólares.

                                                  

En febrero de 2021, el Banco Mundial le negó al régimen un préstamo de 55 millones de dólares que serían destinados al Programa de Reducción de Emisiones, dejando en evidencia la deficiencia del gobierno en el tema del cambio climático. 

“El gobierno junto a la empresa privada han sido cómplices de los daños al medio ambiente”, afirma el científico Jaime Incer Barquero, “porque tanto en el sector público como en el sector privado estamos destruyendo la naturaleza, impidiendo que la naturaleza se restaure en su proceso natural, porque su capacidad de restauración está limitada por las muchas y malas acciones que hacemos contra ella”.

También hace un llamado de que no se esté hablando de mejoramiento económico, cuando en ese mejoramiento económico se sigue sobreexplotando el suelo, el agua, los bosques, la fauna que son los elementos que permiten que tengamos una buena agricultura, ganadería, industria, comercio y sobretodo mejorar la sobrevivencia de la gente que está careciendo de agua en muchos lugares de Nicaragua.

El doctor Incer reitera que la tarea no solo es del gobierno, también de la población y las empresas privadas que se han lucrado de los daños. Un esfuerzo nacional. “Todos somos culpables, todos somos responsables y todos debemos cambiar”, finaliza.

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