Eurodiputados condenan escalada represiva en Nicaragua, piden liberar a opositores

Los presidentes de la Comisión de Exteriores y la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los países Centroamérica David McAllister y Tilly Metz, respectivamente, condenaron las detenciones ilegales cometidas por el régimen de Daniel Ortega y exigieron la liberación de todos los opositores incluyendo a los precandidatos a la presidencia de Nicaragua.

"Condenamos en los términos más enérgicos posibles las detenciones y arrestos sistemáticos de líderes de la oposición y posibles candidatos presidenciales bajo acusaciones endebles. Estamos alarmados por la escalada de represión en Nicaragua el fin de semana pasado, cuando cinco líderes opositores más fueron detenidos. Pedimos la liberación inmediata e incondicional de los potenciales candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastian Chamorro, y de los líderes opositores Suyen Barahona, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila Rivas, José Pallais, Violeta Granera, José Adan Aguerri y todos los demás presos políticos” expresaron los parlamentarios europeos.

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De igual manera señalaron que el Parlamento Europeo ha mantenido un buen contacto con muchos de los líderes detenidos, con quienes se solidarizan. 

“La Delegación para Centroamérica tuvo el honor de recibir a Dora María Téllez y Félix Maradiaga durante una audiencia el 15 de marzo de 2021” cita la información divulgada por los parlamentarios.

Por lo que demandan al régimen, la derogación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros una de las principales por las que está juzgando y apresando a varios opositores en Nicaragua iniciando principalmente con Cristiana Chamorro precandidata independiente como exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Así también piden derogar la Ley Mordaza y la de "crímenes de odio".

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“La inconstitucional “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, en la que se basan gran parte de las acusaciones, debe ser derogada de inmediato, igual que la “Ley Especial de Ciberdelitos” y la “Ley contra los Delitos de Odio”. Estas normas sirven al Gobierno de Daniel Ortega como una herramienta represiva para silenciar a sus críticos, aumentando constantemente el número de víctimas de dicha represión y agravando aún más el clima general de intimidación y amenazas, lo que lleva a violaciones inaceptables de los derechos humanos. El Parlamento Europeo advirtió contra la adopción de estas leyes en su resolución de 8 de octubre de 2020” agregan los europeo.