Ortega “reta” a la comunidad internacional y los resultados pueden ser graves: expertos

En el hemisferio, EE. UU. ha impuesto sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, y en varias ocasiones su eficacia o no ha formado parte de un debate nacional.

Para el diputado del Frente Sandinista, Wilfredo Navarro, algunas de las detenciones de líderes opositores y periodistas, a quienes se les acusa de "socavar" la soberanía de Nicaragua, son una respuesta del Gobierno para "proteger" a la nación centroamericana de "una sanción que perjudique desembolso de recursos para el beneficio del país".

Arnson considera que las medidas arbitrarias de Ortega están siendo implementadas "con la confianza de que los Estados Unidos y los otros actores no tienen la fuerza para decirle a Ortega y Murillo que no pueden actuar de esta forma. En ese sentido es un desafío a toda la comunidad internacional, no solo a la Administración Biden".

El 9 de junio Estados Unidos sancionó a cuatro individuos ligados al gobierno nicaragüense, que pasaron a engrosar la lista de más de 24 funcionarios designados bajo el gobierno del expresidente Donald Trump.

Ahora, la Administración Biden analiza en consulta con el Congreso "las herramientas que existen ahora y que podrían existir” para seguir presionando a Ortega, indicó el enviado especial del Departamento de Estado Ricardo Zúñiga. 

Según el diplomático, las acciones de Ortega están "por sí solas" cerrando las opciones de inversión en ese país. “No hay un ambiente propicio para la inversión, sus decisiones arbitrarias asustan a los mercados y a los inversores, tanto internos como externos”, dijo Zúñiga en una conferencia de prensa este mes.

La única salvación

Desde la ONU y la OEA se han hecho llamados al gobierno de Ortega, desde que empezó la actual ola de represión. El resultado ha sido más arrestos y asedio, ahora también contra periodistas.

El exembajador nicaragüense ante la OEA, Edgar Parrales, no subestima el poder de la diplomacia: "le están diciendo al gobierno, sea sensato, ábrase al diálogo, si no aquí estamos". 

La respuesta diplomática de Managua hasta ahora ha sido limitada. El gobierno sandinista considera las acciones de Washington y el llamado de la OEA como una "práctica injerencista" y "una violación de los instrumentos internacionales que rigen el derecho soberano de los Estados".

Un diálogo diplomático de alto nivel es visto como la solución más práctica. La ONU, por ejemplo, "podría enviar a un diplomático que intente negociar" con Ortega, con incentivos sobre la mesa, sugiere Arnson.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, también es partidario de que el secretario general de la ONU "potencie las acciones y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”.

Pero Carlos Jornet, directivo de la SIP, está convencido de que “la presión internacional no les importa” a la pareja Ortega-Murillo y considera que la represión "no va a tener fin y se va a acentuar" a medida que se acerque la fecha de las elecciones de noviembre.

Al borde de la crisis regional

En el peor de los casos, la acentuación de la crisis sociopolítica y económica en Nicaragua podría conducir a una nueva ola de emigración. La Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR), ya lo contempla. 

"Tenemos Nicaragua que es una preocupación [...] las próximas elecciones pueden causar mayor agitación", dijo Filippo Grandi a una reciente entrevista con la VOA.

Según un informe publicado este martes por HRW, 108.000 nicaragüenses se han visto obligados a huir de su país a raíz de la represión del gobierno en 2018; la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las vulnerabilidades y por ende la migración.

“Los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos podrían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión. Deben hacerlo ahora, antes de que sea muy tarde”, acotó Vivanco.