Familiares de opositores detenidos denuncian violación a sus derechos humanos
Familiares de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, José Pallais, Miguel Mendoza, Dora María Téllez, Hugo Torres, demandaron al régimen de Daniel Ortega respeto a la integridad física, derechos humanos, incluyendo el derecho a comunicarse con ellos. Actualmente se registran más de 130 presos y presas políticas en el país.
“No sabemos exactamente dónde están, ni cómo están. A pesar de llegar diario y varias veces al día a preguntar por ellos, la Policía no brinda información. Seguimos sin saber con certeza el paradero de nuestros familiares, y ya que no tenemos ninguna notificación oficial se deben seguir considerando como personas desaparecidas”, reza el comunicado.
Además, los familiares denunciaron que Auxilio Judicial solo permite el ingreso de agua, por lo cual exigieron el acceso de alimentos y medicinas “no han aceptado nada más que frutas, galletas o semillas secas. Pero en los últimos dos días solo nos reciben agua. Exigimos nuestro derecho a ver a nuestros familiares”.
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Hasta el día de hoy, la sancionada policía sandinista ha negado el derecho de ver a sus abogados lo cual representa otra violación a sus derechos constitucionales.
“Exigimos el respeto a la integridad física de nuestros familiares y solicitamos se garanticen sus derechos humanos, incluyendo el derecho a comunicarnos con ellos y ellas, y la certeza de conocer las condiciones en las que se encuentran. Les recordamos que los derechos humanos tienen prioridad por encima de cualquier norma --sea local o internacional-- y por encima de cualquier ideal”, indicaron
Daniel Ortega “criminal”
Luego que el dictador Daniel Ortega señaló de “criminales” a los opositores detenidos y adelantó que serán investigados, enjuiciados y procesados por supuestos delitos contra la “patria” por “lavado de dinero”, como se juzga a un “narcotraficante”. Los familiares de los presos políticos rechazaron dichos señalamientos, al asegurar que el principal “criminal” es Ortega por cometer crímenes de lesa humanidad contra más de 300 manifestantes en 2018.
“El único criminal aquí en Nicaragua es Daniel Ortega, nuestros presos políticos son inocentes y están siendo juzgados por leyes ilegítimas (...) el único criminal que lleva más de 300 asesinados en el 2018 aquí en Nicaragua es Daniel Ortega” dijo Cristian Tinoco, hija del ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco.
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Asimismo, Ana Lucía Álvarez Vijil, hermana de Ana Margarita Vijil, expresó que Daniel Ortega intenta vender la narrativa de “criminalización” de la protesta social por la cual castiga a activistas y líderes barriales.
“Daniel Ortega ha tratado de criminalizar a través de esta narrativa a más de 1200 personas excarceladas políticas que han pasado por las cárceles de este país, el discurso y esos epítetos busca criminalizar a quién se estaba poniendo, a quién está resistiendo y a quienes estamos luchando por los derechos humanos, por la justicia, por la democracia, por la libertad”, manifestó.
Alimentos y medicinas
Los familiares reiteraron el llamado al régimen Ortega Murillo a permitir el ingreso de alimentos y medicinas para contrarrestar las enfermedades que padecen la mayoría de los detenidos.
“En mi caso 11 días sin ver a mi padre Víctor Hugo Tinoco solamente nos dejan pasar agua, no le dejan al abogado que lo vea, no nos dejan a nosotros que nos vean ¿por qué es? porque los tienen golpeado ¿cómo está el estado de salud? Mi padre está muy deteriorado, tiene un problema de vértigo, mareos muy fuertes”, denunció Cristian Tinoco, hija del ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco.
Verónica Chávez, esposa del precandidato Miguel Mora demandó el respeto a la integridad física y ver a los detenidos para constatar que no han sido golpeados, maltratados o torturados.
“En mi caso personal tengo experiencia de que la primera vez a Miguel lo golpearon y él estuvo con sus ojos dañados y yo no sé si a Miguel lo golpearon al momento de la captura necesitamos ver a nuestros familiares para saber que realmente están bien porque cuando pregunto me dice él está bien, pero yo quiero asegurarme de manera personal porque es un derecho verlo, hablar con él para preguntarle si le están entregando las cosas y demandar el derecho de su alimentación tenemos derecho a llevarle nosotros su alimento porque incluso hay algunos que por problemas de salud tienen dietas específicas”, expresó Chávez. Esta es la segunda vez que Mora es un reo político.
Mientras tanto, Victoria Cárdenas, esposa del aspirante Juan Sebastián Chamorro, dijo “no nos han dejado verlo, no han dejado que nuestros abogados lo vean, no podría contestar ¿cómo está la salud de mi esposo? ¿Cómo se encuentra? ¿dónde está? yo no lo podría decir porque el gobierno no me lo ha informado, mi esposo de lo único que se puede acusar es de querer democracia y paz para Nicaragua”
Asimismo, Bertha Valle, conyugue del precandidato Félix Maradiaga, informó que su pareja padece de hipertensión arterial y solicitó permitan el ingreso de los medicamentos originales suministrados por sus médicos “asumimos como familiares de los presos políticos que se encuentran en las cárceles conocidas como el Chipote, sin embargo no hay ninguna garantía, ninguna evidencia de que eso sea así y aunque la familia de mi esposo lleva el medicamento ahí no sabemos si realmente se lo están entregando, me preocupa mucho su problema de hipertensión arterial puede llevar a consecuencias como paros cardíacos o derrames cerebrales, entonces es una angustia y es una violación a sus derechos humanos y a nuestros derechos humanos como familiares”
Julio Sandino Granera, hijo de la activista política, Violeta Granera, también solicito permitan el ingreso de los medicamentos correspondientes a los padecimientos de su madre “ella necesita tener sus medicinas nos ha pedido algunas medicinas, pero como han mencionado no sabemos si se la están dando, igual q pasa con la comida tienen días de estar recibiendo sólo agua asumimos que es como castigo por lo que ha pasado en Naciones Unidas (...) es una tortura no recibir alimentos”