Rosario Murillo arremete contra Canadá por tumbas en internados
Managua, 1 jul (EFE).- La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, arremetió este jueves contra Canadá, por el caso de las tumbas de niños indígenas en antiguos internados gubernamentales descubiertas recientemente, en lo que denominó “prácticas inmorales”, a la vez que desautorizó a sus autoridades para juzgar al Gobierno de su esposo, el presidente Daniel Ortega.
Murillo se refirió al caso como “esas prácticas canadienses inmorales y absurdas, nada lejanas del nazismo hitleriano”. “Igualmente nosotros no concedemos a Canadá ninguna potestad para seguir juzgando nuestro camino”, agregó, en una alocución.
Canadá es uno de los países que más se ha opuesto a las violaciones de derechos humanos que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ocurren en Nicaragua desde el estallido popular contra Ortega en 2018.
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Canadá también ha establecido sanciones económicas contra Murillo y su hijo Laureano Ortega, asesor presidencial para inversiones, por “graves violaciones a los derechos humanos”.
“Tantas hipocresías, señores gobernantes de Canadá, tanta osadía, tanta miseria humana no tiene nombre ni perdón. Se ufanan de 60 años de relaciones (con Nicaragua), de juzgamientos, se atreven a juzgar (…). Qué les cuesta aceptar que los ojos, los suyos, están llenos de telarañas y de pajas, lo sabemos”, insistió Murillo.
“No podemos los nicaragüenses dejar de elevar nuestra voz ante tantos crímenes de un racismo exterminador, que no sólo negaron la condición humana de tantas víctimas, sino que apostaron a aniquilar y extinguir culturas y modos de vida”, recalcó la primera dama, en referencia a cientos de tumbas de niños indígenas del siglo pasado hasta ahora desconocidas en Canadá.
Desde 2018 Canadá ha respaldado los informes de la CIDH, que responsabilizan a Ortega por la muerte de al menos 328 personas en manifestaciones antigubernamentales, y que lo acusan de violaciones “sistemáticas” contra los derechos humanos.
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Canadá también ha apoyado las resoluciones contra el Gobierno de Ortega en la Organización de los Estados Americanos (OEA), que insisten en que el exguerrillero sandinista respete los derechos humanos y la Constitución de Nicaragua, libere a los “presos políticos” y garantice que las elecciones de noviembre próximo, en las que busca una nueva reelección, sean “transparentes”.
Ortega hasta ahora ha admitido 200 muertos, y sostiene que ocurrieron en el marco de un “golpe de Estado fallido”. EFE