Unión Europea sanciona a ocho funcionarios de Nicaragua, incluyen a Rosario Murillo, Juan Carlos Ortega y Bayardo Arce

El Consejo de la Unión Europea suma a su lista de sancionados a la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo, a su hijo  Juan Carlos Ortega Murillo, al asesor presidencial Bayardo Arce (quien por primera vez aparece en lista de sancionados) y a cinco funcionarios más de la dictadura de de Daniel Ortega.  

Estas  medidas restrictivas impuestas,, este lunes, son por "considerarlos responsables de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y / o cuyas acciones socavaron la democracia o el estado de derecho, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo. Estas medidas están dirigidas a las personas y están diseñadas de esta manera para no dañar a la población nicaragüense ni a la economía nicaragüense" dice el comunicado del Consejo de la Unión Europea. 

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Los otros sancionados son la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos, la Fiscal General  de la República Ana Julia Guido, el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, el asesor de los Ortega Murillo  y ex enlace con el sector empresarial Bayardo Arce, el jefe de la policía en el departamento de León Fidel Domínguez y el comisionado general de la policía  Juan Valle, estos últimos señalados de dirigir violentos ataques contra opositores al régimen desde el levantamiento social de 2018. 

"Los designados están sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. También están sujetos a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE".

El Consejo Europeo, declara  que la situación política en Nicaragua se ha deteriorado aún más en los últimos meses. "El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la exclusión arbitraria de los partidos de oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense. Estas acciones socavan aún más la credibilidad de un proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la UE".

Justificación de sanciones

Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, primera dama de Nicaragua y líder de la organización Juventud Sandinista. Según el presidente Daniel Ortega, Rosario María Murillo Zambrana comparte con él el poder a partes iguales. Tuvo un papel instrumental en alentar y justificar la represión ejercida por la Policía Nacional de Nicaragua contra las manifestaciones de la oposición en 2018. En junio de 2021 amenazó públicamente a la oposición nicaragüense y desacreditó a periodistas independientes. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar la democracia en Nicaragua.

Gustavo Porras: Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde enero de 2017 y miembro de la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 1996. En su calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, promovió la adopción de varios actos jurídicos represivos, entre ellos la ley de amnistía que impide cualquier investigación sobre los responsables de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas en 2018, y de leyes que socavan la libertad y el proceso democrático en Nicaragua. Por lo tanto, es responsable de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

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Juan Valle Valle: En su calidad de dirigente, con rango de comisionado general (el segundo más alto) de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y en un puesto de mando de la Policía en Managua, Juan Antonio Valle Valle es responsable de actos reiterados de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza, que han provocado la muerte de cientos de civiles, de detenciones y retenciones arbitrarias, de violar la libertad de expresión y de haber impedido manifestaciones contra el Gobierno. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.

Ana Julia Guido: En su calidad de fiscal general, el cargo de mayor rango de la Fiscalía, Ana Julia Guido Ochoa, fiel al régimen de Ortega, es responsable del enjuiciamiento por motivos políticos de numerosos manifestantes y miembros de la oposición política. Creó una unidad especializada que inventaba acusaciones contra manifestantes y presentaba cargos contra ellos. Además, es responsable de haber inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos al principal candidato de la oposición a las elecciones generales. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

Fidel de Jesús Domínguez:  En su calidad de jefe departamental de la Policía de León desde el 23 de agosto de 2018, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez es responsable de numerosas violaciones graves de los derechos humanos, en particular de detenciones y retenciones arbitrarias; entre ellas, el secuestro de miembros de la familia de un oponente político, del uso excesivo de la fuerza y de violar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática.

Alba Luz Ramos: En su calidad de presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, es responsable de instrumentalizar el poder judicial en favor de los intereses del régimen de Ortega, tipificando penalmente de forma selectiva las actividades de oposición y perpetuando el patrón de violaciones del derecho a un juicio justo, de detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y candidatos de la oposición. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente el Estado de Derecho en Nicaragua.

Juan Carlos Ortega Murillo: Hijo del presidente Daniel Ortega y de la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo. Director de Canal 8, una de las principales cadenas de televisión propagandísticas, y líder del Movimiento Sandinista 4 de mayo. En calidad de tal, ha contribuido a restringir la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Ha amenazado públicamente a empresarios nicaragüenses que se oponen al régimen de Ortega. Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia y de represión contra la sociedad civil en Nicaragua. Al ser hijo de la vicepresidenta Rosario Murillo, está vinculado a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil en Nicaragua.

Bayardo Arce Castaño: En su calidad de asesor económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño ejerce una influencia considerable en las políticas del régimen de Ortega. Por lo tanto, está vinculado a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Ha respaldado la elaboración de legislación que impide a los candidatos de la oposición participar en las elecciones. Por lo tanto, es responsable de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.