Abogados de Acción Penal se exilian por represión y amenazas de dictadura en Nicaragua

Un total de cuatro abogados que pertenecen a la iniciativa legal denominada Acción Penal decidieron exiliarse para preservar su integridad física, luego que fueron perseguidos y amenazados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los abogados -antes fiscales del Ministerio Público- son defensores de presos políticos y continuarán su labor desde el exilio. “Todos los que estábamos en Acción Penal decidimos exiliarnos, habían varias cosas relacionadas con nosotros que incrementaron a finales de mayo e inicios de junio. Hubo persecución, asedio y el día que allanaron la casa de la abogada María Oviedo (de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y presa política), unos motorizados estuvieron buscándome en mi casa, llegaron como tres veces a buscarme”, denunció la abogada Eilyn Cruz.

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Tras la nueva oleada de arrestos contra líderes opositores, se conoce el exilio de más de una docena de abogados defensores de presos políticos por la represión que mantiene la dictadura de Ortega, quien tiene tras las rejas al abogado Róger Reyes, integrante del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y defensor del precandidato presidencial, Félix Maradiaga. También está apresada la abogada Oviedo y ha sido acusada usando la Ley Especial de Ciberdelito.

Compromiso con los reos de conciencia

Acción Penal es una iniciativa creada por un colectivo de abogados especialistas en Derecho Penal. Esta asociación surgió en febrero de 2019 para dar respuesta a la necesidad de defensa legal de los presos políticos y de asistencia jurídico penal a personas víctimas de la represión, en el marco de la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua.

“Los abogados tenemos un compromiso con los reos políticos, no podemos dejarlos en la indefensión, yo por eso no me voy del país, pero debemos de cuidarnos porque esta dictadura es capaz de todo”, dijo un abogado de reos de conciencia que solicitó el anonimato por temor a represalias.

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“El equipo legal de Acción Penal viene trabajando en un contexto hostil al tratar temas jurídicos relacionados a la crisis sociopolítica de abril 2018. La represión estatal se ha incrementado en el marco del contexto electoral, intensificando la persecución criminal en contra de precandidatos a la presidencia, periodistas independientes y profesionales de la abogacía. En Nicaragua, de los más de 30.000 abogados y abogadas en ejercicio, apenas 40 se dedican a la defensa legal de presos políticos y defensa de derechos humanos”, cuestionó el Observatorio Internacional de Abogacía (OIA) a través de un comunicado.

El OIA recuerda a la dictadura que la independencia de los abogados es uno de los principales indicadores de salud democrática y consolidación del Estado de Derecho, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados. Por eso señalan que de acuerdo al Principio 16 de Naciones Unidas para la Función de los Abogados: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión".