EEUU: Pocos arrestos y reducción de dinero incautado a narcos, destacan en informe sobre Nicaragua
Un régimen autoritario, la crisis política y la corrupción son tres factores que obstaculizan la lucha contra el narcotráfico en Nicaragua, señala el Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) de 2022 del Departamento de Estado. Según EEUU, Nicaragua reporta pocos arrestos en comparación con la cantidad de drogas y dinero incautado.
El informe señala que el régimen prioriza la represión de los opositores políticos sobre la aplicación de la ley, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que demanda un esfuerzo más fuerte y más sostenible contra organizaciones de narcotraficantes.
“La corrupción y el desvío de recursos para perseguir políticos opositores, miembros de la sociedad civil y periodistas limitaron la efectividad de Nicaragua en lucha contra el narcotráfico durante 2021” indican
Al mismo tiempo, el documento reiteró que Nicaragua sigue siendo un país de tránsito de las organizaciones narcotraficantes por vía terrestre, marítima y aérea de rutas para el contrabando de cocaína desde América del Sur a los Estados Unidos.
En el caribe, EEUU resalta que Nicaragua tiene poca movilidad y limitaciones para patrullar por lo cual los traficantes operan libremente.
“La limitada capacidad de interdicción de Nicaragua, la ineficiencia institucional y la corrupción entorpece sus esfuerzos contra el narcotráfico”, señalan.
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En este aspecto, el informe señala que a pesar de la recesión económica y la reducción de la ayuda exterior, los presupuestos de la Policía y el Ejército se han mantenido igual, pero “no ha aumentado la eficacia del gobierno en la lucha contra el narcotráfico”.
Incautaciones droga y dinero
El informe destaca que las incautaciones de dinero se redujeron significativamente de más de $15 millones en 2020 a $5,7 millones en 2021.
También señalan que en los últimos años, Nicaragua reporta pocos arrestos durante sus mayores operaciones contra narcotraficantes e incautaciones.
“Parece haber una orientación selectiva de los traficantes y la ubicación de áreas geográficas y relativamente pocos arrestos en comparación con la cantidad de drogas y dinero incautado. El desequilibrio probablemente se deba a la corrupción” indican.
Respecto a la incautación de drogas, EEUU detalla que en el 2021 las fuerzas de seguridad reportaron 56 operativos contra el narcotráfico internacional, el lavado de dinero y el crimen organizado.
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Sin embargo, registran una disminución significativa en las operaciones dirigidas a narcotraficantes de barrio, pasando de 10.307 operaciones en 2020 a 4.589 en los primeros ocho meses de 2021.
Sobre la destrucción de la droga, el informe del Departamento de Estado señala que Nicaragua no comparte información sobre métodos de destrucción de drogas ilícitas con los Estados Unidos u otros organismos nacionales o no gubernamentales
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También señalan que la falta de estadísticas nacionales confiables sobre el consumo de drogas dificulta la medición del efecto de los programas de prevención y tratamiento.
El acceso a información confiable estará más limitado debido a que el régimen cerró varios servicios civiles y de salud pública independientes
“El Gobierno de Nicaragua ha cerrado varias organizaciones de la sociedad civil que implementan estrategias de prevención de drogas. Las organizaciones que quedan reportan aumento en el consumo de drogas entre los jóvenes, poniendo en duda la eficacia del gobierno”.
Corrupción
En el contexto de la marcada corrupción, el informe señala que, aunque el régimen no fomenta ni facilita la venta de drogas ilícitas producción o distribución, la corrupción desenfrenada dificulta la eficacia de la seguridad.
También resaltan la aplicación de sanciones a cuatro funcionarios en 2021 “Camila Ortega, hija del presidente Daniel Ortega; Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua; Edwin Ramón Castro Rivera y Julio Modesto Rodríguez Balladares.
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“Desde 2017, el Departamento de Hacienda ha sancionado a 31 personas nicaragüenses de alto perfil, incluido el vicepresidente y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, y ocho entidades por participación en actividades ilícitas y abusos a los derechos humanos”.