Nueva ley de regulación y control ONG encubre a los verdaderos lavadores de dinero en Nicaragua
Con la aprobación de la Ley N° 1115 “Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro”, que establece un nuevo marco jurídico aplicable para las Organizaciones sin Fines de Lucro “OSFL”. Algunos expertos consideran que la nueva normativa no previene el lavado de activos, sino que “sepulta” cualquier intento de organización que no cuente con la venia del régimen de Daniel Ortega.
En el primer conversatorio de la Red Centroamericana por la prevención del lavado de activos (RedActivos), sobre la prevención de lavado de activos en la región. Algunos expertos señalaron que la nueva normativa se creó para justificar la criminalización contra las organizaciones de sociedad civil.
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“Nadie conoce qué criterios utilizaron para la evaluación de riesgo alrededor del sector de las organizaciones sin fines de lucro, lamentablemente nunca hubo ninguna comunicación, ningún consenso entre las estructuras de las organizaciones de sociedad civil para tratar de autorregularse (...) lo que está de fondo es la voluntad política de seguir criminalizando a las organizaciones de sociedad civil”, dijo Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río.
Ruiz señaló que la nueva legislación prácticamente se convirtió en un instrumento de criminalización y represión para tratar de detener cualquier nivel organizativo y de oposición en términos de las políticas públicas.
“Más que una ley que permita disminuir los riesgos en términos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, fue creada para criminalizar a las organizaciones porque solamente 8 de los 57 artículos establecen algún nivel de referencia sobre la prevención de lavado de activos”
En ese sentido, Enrique Sáenz, considera que la legislación “aplasta” el derecho de organización y encubre a los verdaderos lavadores de dinero en el país.
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Al mismo tiempo, llamó a investigar al Banco Central de Nicaragua porque dicha institución es la que avala el origen lícito del dinero que envían las agencias cooperación internacional a las ONGS.
“Si estás organizaciones lavaban dinero, primero habría que emplazar al Banco Central y al Ministerio de Gobernación por no estar cumpliendo adecuadamente su función ¿por qué no están emplazados? porque obviamente es una maquinación de la dictadura para aplastar el derecho de organización del pueblo nicaragüense. Segundo, el régimen pretende es cubrir a los verdaderos lavadores de dinero porque si hay lavado de dinero en Nicaragua y en cifras cuantiosas”, señaló
Agrega “El Estado nicaragüense es un estado mafioso quiere encubrir con estos mecanismos el lavado de dinero cuantiosos, -nada tienen que ver con la organizaciones no gubernamentales- utilizan la regulación de las organizaciones no gubernamentales para aplastar el derecho de organización y después para aparentar que están previniendo el lavado dinero cuando en realidad los verdaderos lavados de dinero están siendo encubiertos por las instituciones del Estado”
Por otro lado, Uriel Pineda, abogado y especialista en derechos humanos, considera que la nueva regulación otorga facultades al Ministerio de Gobernación para intimidar y controlar a las ONG.
“La nueva ley viene a legitimar el actuar ilegítimo de las autoridades, es decir se le están atribuyendo facultades al ministro de Gobernación para cancelar el registro de organizaciones de sociedad civil, primer elemento dota de atribuciones al Migob para amenazar para intimidar y controlar a las organizaciones que no actúan dentro del marco de lo esperado o de las expectativas del régimen”
Otro aspecto a considerar es que anula el ejercicio de la libertad de organización de los ciudadanos “Hay un menoscabo al emprendimiento a que me refiero a que hoy el Migob funge como un filtro para determinar qué organización va a existir en el país, de antemano, puedo observar qué es desproporcionado qué la Asamblea Nacional tenga que aprobar la existencia de una organización de la sociedad civil que ahora se incluye un nuevo filtro al Ministerio Gobernación, ambos mecanismos son arcaicos cuando se compara con el resto de países de América Latina”.