Impunidad a cuatro años de la quema de la familia en barrio Carlos Marx, EEUU sancionó a Rosario Murillo

El 16 de junio de 2018 quedó marcado en la memoria de los nicaragüenses como un día de duelo nacional. Miles de personas lograron ver a través de la pantalla un hecho sin precedentes. Entre las víctimas se encontraba un bebé de siete meses y una niña de año y medio. El país cumplía 57 días de brutal represión y la violencia seguía en escala. 

Eran seis miembros de una misma familia, cuatro adultos y dos menores de edad. Habitaban en la avenida principal del barrio Carlos Marx en una casa de tres plantas que a la vez funcionaba como una venta de colchones. La vivienda fue elegida por su ubicación, así lo denunciaron dos sobrevivientes que se lanzaron del balcón.

Vecinos señalaron que fuerzas paramilitares se movilizaron desde la madrugada para desmantelar las barricadas aledañas a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) un bastión de resistencia contra el régimen de Daniel Ortega, que en febrero pasado le fue cancelada su personería. 

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Aunque intentaron ingresar a la vivienda para ubicar francotiradores en la terraza, los propietarios de la casa del Carlos Marx se negaron y posteriormente fue incendiada así lo confirmaron familiares y testigos. 

Los propietarios eran Oscar Pavón y Maritza Muñoz quienes perecieron junto a su hijo Alfredo, su nuera Ángela Raudez y sus nietos Matías y Daryelis, ambos menores de edad.

Cinthya Pavón hija de los propietarios aseguró que su casa fue quemada junto con su familia y responsabilizó al régimen de Daniel Ortega, sin embargo, seis meses después cambió su versión asegurando que la vivienda fue calcinada por miembros de la oposición. Actualmente, la casa quemada del Carlos Marx como localmente se le conoce permanece deshabitada y a partir de mayo fue puesta a la venta por hijos de las víctimas.

En tanto, el régimen de Ortega adjudicó los crímenes a los estudiantes atrincherados de la Upoli y sigue negando su responsabilidad asegurando que los familiares meses más tarde decidieron “contar la verdad de lo ocurrido” en documentales reafirmando la versión orteguista. 

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EEUU sancionó a Murillo por quema

El 27 de noviembre del año 2018, Estados Unidos sancionó a Rosario Murillo, a Néstor Moncada Lau, colaborador cercano de la pareja dictadora y los incluyó en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). También el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considero la crisis en Nicaragua “una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional”.

En una orden ejecutiva, firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, se afirma que las sanciones contra Murillo y Moncada son por su “responsabilidad” y “complicidad” con los “serios” abusos de los derechos humanos en Nicaragua. 

El Departamento del Tesoro señaló a Rosario Murillo de ser una líder con “acceso e influencia” sobre la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), conocida como la Juventud Sandinista, y la Policía Nacional, que son “entidades que han cometido graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua, o cuyos miembros han cometido graves violaciones de derechos humanos”.

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Indica que la Policía Nacional “ha sido parte de los ‘escuadrones de la muerte’ que han cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros, mientras que los paramilitares de la Juventud Sandinista, armados y pagados por el FSLN, han sido implicados en graves abusos de derechos humanos relacionados con las protestas. Además, en junio de 2018, hombres armados enmascarados, acompañados por personas identificadas por testigos como policías nicaragüenses, habrían incendiado una casa familiar en Managua, matando a seis, incluidos dos niños pequeños”.

“Finalmente, Murillo tiene una larga historia de participar en actos de corrupción relacionados con Nicaragua”, según la nota del Tesoro estadounidense.