CALIDH rechaza sentencia de 10 años de cárcel para sacerdote de Mulukukú Nicaragua
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) rechazó la condena a diez años de prisión contra el párroco de Mulukukú, Óscar Benavidez. También rechazaron la condena del religioso y la sentencia de culpabilidad de los religiosos y laicos de Matagalpa.
En un comunicado, la CALIDH expresó su preocupación por la condena a diez años de prisión y la multa por cincuenta mil córdobas de multa contra el párroco de Mulukukú, Óscar Benavidez.
Asimismo rechazaron la sentencia de culpabilidad contra los religiosos y laicos Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente, al diácono Raúl Vega González, a los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y al camarógrafo Sergio Cárdenas.
En este sentido, la organización señaló que las sentencias y condenas son nulas debido a la falta de garantías constitucionales en el proceso judicial “Han sido irrespetadas, por ejemplo, las garantías, como las de oír y ser oído, el derecho a un proceso justo y un juez imparcial, una defensa adecuada, la presentación de pruebas, entre otras”.
También reiteran que las leyes con las que han sido condenados rompen el principio de presunción de inocencia porque fueron especialmente adoptadas para censurar, castigar y vengarse de personas específicas, como las voces opositoras respecto del régimen de Nicaragua.
“La condena del padre Benavidez y la declaratoria de culpabilidad de otros religiosos y laicos evidencian esta persecución perpetrada por el Estado de Nicaragua. La imposición de penas como formas de venganza por opiniones es inaceptable”.
Finalmente, lamentan el desinterés del Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos “nos preocupa el abierto desprecio de las autoridades por la dignidad, los derechos humanos básicos, incluidas las garantías del debido proceso, de cada sacerdote o laico sometido a un juicio arbitrario, lo que confirma una vez más que la finalidad es ejecutar una venganza que atropella los derechos”.