Declaran culpable a explotadores sexuales de un adolescente en Granada

Los granadinos Rodolfo José Martínez Mendoza, de 55 años y Francisco Antonio Duarte Martínez, de 31 años, podrían pasar los próximos siete años en prisión, luego que la jueza Ana Fonseca Laguna, de los Juzgados Especializados en Violencia de Granada los declarara culpables por los delitos de explotación sexual, pornografía y acto sexual en perjuicio de un adolescente.

La Fiscalía reunió suficiente evidencia para demostrar la culpabilidad de Rodolfo José Martínez Mendoza, director del Centro de Formación Ocupacional de Granada y su empleado Francisco Antonio Duarte Martínez.

De acuerdo con la jueza Fonseca Laguna, los inculpados se aprovecharon de las capacidades económicas y la inmadurez del adolescente para cometer los delitos.

Según los hechos comprobados por el Ministerio Público, ambos acusados le dieron un teléfono celular a la víctima de iniciales G.A.L.G., de 16 años de edad, a cambio de explotarlo de forma sexual.

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Posteriormente, Francisco Antonio Duarte Martínez quiso quitárselo al adolescente y ante su negativa acudió a la delegación policial a denunciarlo por el supuesto robo del móvil.

Sin embargo, el menor confesó que el teléfono lo había adquirido en pago por haber intimidado con ambos, dejando al descubierto la explotación sexual de la cual fue víctima.

Mientras tanto la Fiscalía solicitó a la jueza Ana Fonseca Laguna siete años de prisión para cada uno de los inculpados, la defensa de Rodolfo José Martínez Mendoza y Francisco Antonio Duarte Martínez solicitó la pena mínima de cinco años.

Datos crudos

Según un informe de la Defensoría Pública de Nicaragua arrojó que 356 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de delitos sexuales en el año 2022.

“La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es una violación de mucha gravedad a los derechos humanos de las féminas y su impacto en las mujeres se refleja de forma inmediata o a largo tiempo con secuelas físicas, sexuales, psicológicas e incluso con muertes”, expresó Clarisa Indiana Rivera, directora de la Defensoría Pública.