Grupo de Expertos ONU: Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron delitos "verificados" de "crímenes de lesa humanidad"
A la comunidad internacional, el Grupo de Expertos, recomienda "Iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna"
El Grupo de Expertos de Naciones Unidas para Nicaragua presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua y en el que concluyen que Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como otros funcionarios del régimen cometierion "crímenes de lesa humanidad.
El Grupo concluyó que la dictadura implemento "una política discriminatoria que comprende la comisión de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional, y que, además de haber resultado en la destrucción del espacio cívico y democrático en Nicaragua, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad".
El informe nombre directamente a la pareja presidencial, tipificando los delitos internacionales cometidos.
"El Grupo concluyó que el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo, agentes, funcionarios y funcionarias de diversas agencias y estructuras de su Gobierno, y actores no estatales han realizado, y siguen realizando a la fecha de redacción de este informe, graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos en contra de un sector de la población nicaragüense, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos, o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como violaciones al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión" expresan en la conclusión del informe.
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Brindan recomendaciones al Estado de Niaragua y comunidad internacional para "hacer frente a las violaciones, abusos y crímenes documentados".
Entre las recomendaciones destacan la liberación inmediata de todos los presos políticos, "cesar de manera inmediata la persecución por razones fundadas en motivos políticos, incluyendo a través de la criminalización y detenciones arbitrarias, la privación arbitraria de nacionalidad y la deportación forzosa".
Asi también recomiendan "emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de las violaciones, abusos y crímenes documentados para que se responsabilice a las personas que participaron en su comisión, incluyendo las personas que ostentan un mayor nivel de responsabilidad".
"Garantizar la reparación integral, la reparación y no repetición, y el derecho de las víctimas a conocer la verdad. e) Implementar medidas legislativas y de política pública para garantizar los principios democráticos y separación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial" recomiendan a régimen.
Iniciar acciones legales contra responsables de crímenes
A la comunidad internacional, el Grupo de Expertos, recomienda "Iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna".
"Ampliar las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional.
"En la negociación de proyectos de cooperación al desarrollo e inversión en Nicaragua, los Gobiernos y organismos multilaterales deberían incluir garantías de derechos humanos y priorizar las acciones orientadas a mejorar la situación en Nicaragua" .
Retiro de nacionalidad
A todos esos crímenes se ha sumado últimamente la negación del derecho a la nacionalidad y al de permanecer en el propio país.
El gobierno ha retirado recientemente y de forma arbitraria la nacionalidad a 316 personas a las que ha acusado de traición a la patria. De éstas, 222 fueron expulsadas del país.
"Técnicamente se ha creado una figura que creíamos desaparecida y que es el destierro. Pero además las víctimas han perdido cualquier posibilidad de recibir las pensiones a las que tenían derecho porque han desaparecido del sistema estatal de Nicaragua, con lo que les quita la posibilidad de subsistir", explicó a EFE la experta del grupo Angela Buitrago.
De hecho, la pareja presidencial ha ordenado la "muerte civil" de esas personas, ya que además de privarlas de una nacionalidad, las ha eliminado de los registros de nacimientos y ha confiscado abusivamente sus propiedades y otras pertenencias.
El Grupo de expertos investigó de manera detallada 142 casos individuales y corroboraron más de 160 documentos confidenciales recibidos y las bases de datos compartidas por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
Señalan que enviaron 11 cartas a las autoridades nicaragüenses entre junio y diciembre del 2022, pero "no recibió respuesta alguna". El régimen mas bien envió una comunicación al Presidente del Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2022, con copia al Secretario General de las Naciones Unidas, rechazando y desconociendo el mandato del Grupo de Expertos sobre Nicaragua. Aún así, este grupo compartió el 22 de febrero de 2023, un borrador de este informe con el régimen en Nicaragua
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