Mayores restricciones a la libertad de expresión, control de los medios y vigilancia en línea destaca informe de EEUU

El régimen de Daniel Ortega usó represalias y leyes para restringir la capacidad de las personas para criticar al gobierno, arroja el informe de países sobre prácticas de derechos humanos 2022, capítulo Nicaragua que divulgó Estados Unidos. 

A pesar que la ley establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios, el régimen no respetó este derecho. 

“Las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de un poder judicial independiente y un sistema político no democrático se combinaron para inhibir la libertad de expresión, incluso para los miembros de los medios”.

Según el informe, las personas que criticaban al gobierno, al partido de gobierno o sus políticas eran objeto de vigilancia, hostigamiento, encarcelamiento y abusos policiales y parapoliciales. 

Violencia contra periodistas

Respecto a la violencia, acoso y amenazas de muerte a periodistas por parte del régimen, señalan que Ortega continuó reteniendo a periodistas independientes en la cárcel de El Chipote. 

En este caso contabilizan a cuatro periodistas que permanecieron en prisión, tres que indicaron que se presentarían como candidatos presidenciales y uno por expresar sus puntos de vista en las redes sociales. Otros dos permanecieron bajo arresto domiciliario. 

Entre julio y agosto de 2022 señalan que 25 periodistas huyeron al exilio por acoso o porque el régimen cerró sus medios.

En medio de la censura o restricciones, los medios independientes estuvieron activos a través de sitios en línea que operan desde fuera del país. 

Asimismo documentaron la cancelación del registro de al menos 26 medios de comunicación durante el año, incluidas ocho estaciones de radio y dos estaciones de televisión de propiedad y administración de la Iglesia Católica. 

También el informe indica que el régimen negó repetidamente las licencias de transmisión y otros permisos a los medios independientes. 

Influencia y control

En la sección número 2 “Respeto a las Libertades Civiles” del informe de países sobre prácticas de derechos humanos 2022, señalan la influencia estatal significativa, la propiedad y el control sobre la mayoría de los medios de comunicación continuaron. 

En este sentido, destacan que 8 de los 10 canales básicos disponibles estaban bajo la influencia directa del partido FSLN o estaban controlados por personas con estrechos vínculos con el régimen. 

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También señalan que ahora a través de decreto, el régimen obliga a las estaciones de cable privadas a transmitir mensajes oficiales de emergencia y de interés especial por televisión y radio. 

“Esta obligación se exigía cada vez que el presidente participaba en un acto público, incluso cuando se trataba de un acto de partido político”, señalan. 

Ciberdelitos

El informe de EEUU retoma extractos del documento “Freedom on the Net 2022” de Freedom House, que señala que el gobierno utilizó la ley especial de delitos cibernéticos de 2020 para investigar y condenar a personas, incluidos opositores, periodistas y activistas, por discurso crítico en línea.

“El gobierno usó y amenazó con seguir usando la ley de delitos cibernéticos”, indican.

Las sanciones por delitos en línea incluyen penas de prisión y fuertes multas, desproporcionadas con respecto a los delitos definidos en la ley.

Interrupción a internet y trolls 

Según el documento, hubo informes fidedignos de que el régimen supervisó las comunicaciones privadas en línea “sin la autoridad legal adecuada” y, en algunos casos, restringió o interrumpió el acceso a Internet o censuró el contenido en línea. 

También señalan que el régimen utiliza las granjas de trolls para llevar a cabo ataques cibernéticos contra los sitios web de los medios de comunicación de la oposición y las cuentas de las redes sociales. 

“Los trolls y los bots rastrearon las cuentas de las redes sociales de la oposición para tomar represalias contra los usuarios considerados opositores del partido gobernante y las cuentas progubernamentales para amplificar los mensajes progubernamentales”.

Asimismo, expusieron que varias ONG afirmaron que el régimen supervisó su correo electrónico y su actividad en línea sin la autoridad legal adecuada.