Presos políticos en Nicaragua en "pésimas condiciones carcelarias" denuncia EEUU en informe sobre DDHH

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se refirió este lunes a la situación de los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, de quienes dijo que se encuentran en “pésimas” condiciones.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Estado de Estados Unidos, también dijo que en Cuba, los tribunales han dictado sentencia a cientos de personas que en el año 2021 protestaron por sus derechos-

“En Cuba, los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos”, dijo Antony Blinken.

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“Y en Nicaragua, el gobierno autoritario sigue deteniendo a los presos políticos y manteniéndolos en pésimas condiciones carcelarias”, agregó el secretario de Estado de Estados Unidos.

EEUU denuncia torturas contra presos políticos

Durante un informe presentado por Estados Unidos este lunes sobre la situación de Derechos Humanos, se denuncia la situación de tortura a la que fueron sometidas los presos políticos por parte del régimen de Ortega.

“Aunque la ley prohíbe tales prácticas, los funcionarios gubernamentales intencionalmente llevaron a cabo actos que resultaron en sufrimiento físico o mental severo con el fin de obtener información, infligir castigos y disuadir psicológicamente a otros ciudadanos de informar sobre las acciones del gobierno o participar en acciones cívicas contra el gobierno”, se lee en el informe de Estados Unidos.

El documento señala que “los miembros de la sociedad civil, los líderes de la oposición y los líderes estudiantiles involucrados en las protestas que comenzaron en abril de 2018 tenían más probabilidades que los miembros de otros grupos de recibir ese trato”, agrega.

En el “Informe de países sobre prácticas de Derechos Humanos 2022: Nicaragua”, recoge la pérdida de peso “intencionalmente” de algunos presos políticos, así como la paliza que recibieron varios reclusos del penal de Waswalí, en el departamento de Matagalpa, quienes mantenía en ese momento una huelga de hambre.

“Las autoridades penitenciarias sometieron a 27 reclusos recluidos durante más de un año en las celdas de detención temporal de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, a tratos crueles y degradantes. Los miembros de la familia informaron que los presos fueron desnutridos intencionalmente, interrogados continuamente después de la condena, sujetos a períodos prolongados de oscuridad o luz, privados de la luz solar, impedido de hablar, negado el acceso a material de lectura”, expresa el informe.

En agosto del año pasado, al menos 30 presos políticos recluidos en El Chipote fueron exhibidos en los juzgados de Managua, en unas “audiencia informativa”, Estados Unidos denunció que los reos de conciencia estaban bajos de peso.

“Tras las críticas generalizadas por la subalimentación de los detenidos, el juez Octavio Rothschuh, alineado con el FSLN, supervisó audiencias “informativas” para los presos entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre y publicó fotografías de ellos. Varios parecían haber perdido una cantidad significativa de peso. El código penal no prevé tales audiencias, y las organizaciones de derechos humanos se quejaron de que las audiencias equivalían a una forma adicional de tortura o humillación. Otros presos políticos sufrieron condiciones similares durante su detención, incluidos varios que contaban con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, detalla el informe.

En el caso de las presas políticas, el informe señala que “eran sometidas periódicamente a cacheos al desnudo, trato degradante, amenazas, violaciones y otros tipos de violencia de género mientras estaban bajo la custodia de las fuerzas parapoliciales, los funcionarios penitenciarios y la policía. Los familiares de los reclusos también sufrieron un trato degradante por parte de la policía y los guardias penitenciarios durante las visitas, incluidos registros sin ropa, okupas forzadas y registros de cavidades corporales”, se lee en el documento presentado a periodistas.

El “Informe de países sobre prácticas de Derechos Humanos 2022: Nicaragua”, también denuncia que agentes de la Policía involucrados en muertes de civiles, no fueron investigados por la Institución, a fin de determinar la responsabilidad de los oficiales.

Durante 2018 “Persistió la impunidad entre la policía y las fuerzas parapoliciales en los casos denunciados de tortura, malos tratos u otros abusos. La Oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional de Nicaragua está encargada de investigar a los policías sospechosos de cometer un delito. La Fiscalía Militar investiga los delitos cometidos por el ejército, bajo la jurisdicción de la Auditoría General Militar. Sin embargo, con un control total sobre la policía, el sistema penitenciario y el poder judicial, el gobierno no hizo ningún esfuerzo por investigar las denuncias de que los opositores al régimen fueron torturados o abusados de otra manera”, indica el informe.

Condiciones en prisión

En las cárceles de Nicaragua, los presos políticos a menudo denunciaban a sus familiares una serie de torturas físicas, quejas que eran “ignoradas”, por los funcionarios del régimen.

“Las condiciones de la prisión eran duras y potencialmente mortales. El hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, las dificultades para obtener atención médica y la violencia entre los reclusos siguieron siendo problemas graves en las instalaciones penitenciarias”, señala.

“Muchos presos sufrieron malos tratos por parte de los funcionarios penitenciarios y otros reclusos. Las organizaciones de derechos humanos confirmaron que al menos 18 presos detenidos en relación con las protestas de 2018 o la represión de la oposición de 2021 fueron sometidos a confinamiento solitario en celdas de máxima seguridad, en algunos casos durante meses. Los familiares informaron que al menos cuatro prisioneras políticas habían estado recluidas en régimen de aislamiento durante más de un año”, agrega el informe.

Además, el informe de países señala que el gobierno restringió el acceso de los presos políticos a visitantes, abogados, médicos y funcionarios consulares.

“El gobierno no permitió la observancia religiosa de los presos políticos, incluida la restricción de la oración colectiva y el acceso a los textos religiosos, según lo dispuesto en la constitución. No se permitió el acceso al sistema penitenciario ni a los presos bajo custodia de los miembros del personal de las organizaciones de derechos humanos, los familiares y otras partes interesadas”, expresa el documento.

El Informe también destaca que el gobierno permitió el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a algunos presos, pero negó las visitas a las prisiones de grupos locales de derechos humanos y medios de comunicación.

El gobierno además negó el acceso del CICR a más de 40 presos políticos detenidos desde mayo de 2021 en El Chipote a pesar de las solicitudes del CICR para verlos.

“Las organizaciones no gubernamentales (ONG) recibieron las denuncias de los presos a través de familiares de los presos, pero a menudo no pudieron hacer un seguimiento de los casos hasta después de la liberación del preso debido a la falta de acceso”, detalla parte del Informe de países sobre prácticas de derechos humanos 2022: Nicaragua.

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El pasado 9 de febrero, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarcelaron a 222 presos políticos, a quienes desterraron a Estados Unidos en condiciones de “apátridas”, después que la los diputados de la Asamblea Nacional reformaron el Artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua para arrebatarles la nacionalidad.