Nicaragua en deuda con las mujeres: dictadura no castiga la violencia ni garantiza derechos

Según el Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos en Nicaragua 2022, la dictadura Ortega Murillo no hizo cumplir las leyes sobre violación y violencia doméstica, lo que generó una impunidad generalizada y denuncias de un aumento de la violencia de género. Asimismo, acusan falta de infraestructura para que las mujeres rurales accedan a servicios de salud y ausencia de equidad de género para obtener empleo y recibir créditos y remuneraciones.

En el informe se recogen los datos de Católicas por el Derecho a Decidir, que reportó 53 feminicidios hasta septiembre, la mayoría de ellos cometidos luego de que las víctimas sufrieran violencia sexual.

“El 13 de julio, el gobierno publicó un folleto de 22 páginas titulado Mujer, derechos, leyes y mecanismos de denuncia para la prevención de los feminicidios, afirmando que el folleto resultó de una planificación estratégica para reducir la violencia contra las mujeres y una actividad impulsada por la Comisión Nacional contra los Femicidios. No hubo ningún anuncio público ni noticia de la estrategia ni de la existencia de la comisión en los meses anteriores”, señala el informe.

Asimismo, denuncian que los principales grupos de derechos de las mujeres expresaron dudas con respecto a las afirmaciones del gobierno, porque el estado siguió utilizando los gabinetes de familia y los Consejos de Liderazgo Sandinista, para mediar en casos de violencia doméstica.

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“Ambas entidades estaban politizadas y no operaban de acuerdo con las normas del estado de derecho. Las organizaciones de derechos de las mujeres se quejaron de que los propios mediadores del FSLN a menudo eran perpetradores de violencia doméstica. El gobierno empleó educación pública limitada, refugios, líneas directas, servicios psicosociales y capacitación policial en intentos nominales e infructuosos de abordar el problema”, apunta el informe.

Cancelación de organizaciones

Además, en el informe destaca el hecho de que la dictadura Ortega Murillo “canceló el registro de al menos 147 ONG que trabajan por los derechos de las mujeres, bloqueando su trabajo y el acceso a la financiación. El 1 de septiembre, la policía allanó la sede del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, una organización sin fines de lucro que brinda albergue y apoyo a víctimas de violencia doméstica, y confiscó propiedades; El registro legal del grupo se canceló en agosto de 2021”.

Por otro lado, reconocen que no hubo barreras culturales que afecten negativamente el acceso de las mujeres a los servicios de atención de la salud, sin embargo, acusan que el acceso de las mujeres rurales a la atención de la salud durante el embarazo y el parto se vio obstaculizado por las largas distancias hasta las instalaciones apropiadas en áreas escasamente pobladas, con una infraestructura de transporte deficiente.

“Las mujeres en algunas áreas, como la RACCN y la RACCS, carecían de un acceso generalizado a programas o atención médica, y el número de muertes maternas era mayor entre las mujeres rurales pobres que entre sus contrapartes urbanas. La falta generalizada de acceso a servicios médicos también afectó más a las mujeres indígenas y afrodescendientes de la RACCN y la RACCS que a las mujeres no indígenas de otras regiones. Además, las adolescentes a menudo enfrentaban el estigma social cuando buscaban métodos anticonceptivos”, señalan.

En el tema del protocolo del Ministerio de Salud para la prestación de servicios a sobrevivientes de violencia sexual señalan que incluye la provisión de anticoncepción de emergencia dentro de los cinco días posteriores a la agresión, así como el tratamiento del VIH o enfermedades de transmisión sexual.

No obstante, “las organizaciones de derechos de las mujeres afirman que el Ministerio de Salud no brindaba atención clínica constante a los casos de violación por temor a socavar la estricta política provida del gobierno. Representantes de la sociedad civil informaron que la política del gobierno tuvo un efecto paralizador en la provisión de servicios de salud reproductiva”.

Madres adolescentes e igualdad de género

En el último apartado del informe reconocen que, si bien ninguna barrera legal impide el acceso de las adolescentes a la educación debido al embarazo o la maternidad, “las dificultades económicas y la falta de redes de seguridad social para proteger a las madres jóvenes a menudo impiden la educación continua de las niñas embarazadas o madres jóvenes”.

Finalmente exponen que, aunque la ley prevé la igualdad de género en el acceso a la educación, los derechos laborales y los derechos civiles, en la realidad nicaragüense, las mujeres a menudo sufrieron discriminación en el empleo, en la obtención de crédito y en la igualdad de remuneración por un trabajo similar, así como en la propiedad y gestión de empresas.

“Si bien el gobierno hizo cumplir la ley de manera efectiva en el sector público, las mujeres en posiciones de poder enfrentaron restricciones y su autoridad fue limitada en comparación con la de los hombres. Por ejemplo, a pesar de una ley que exige la participación igualitaria de hombres y mujeres en los cargos electivos, los líderes masculinos de los partidos políticos a menudo tomaban decisiones sobre políticas públicas sin debate interno ni aportes de las líderes políticas femeninas. La aplicación no fue efectiva en el sector privado o en el sector informal más grande”, concluyen.