Régimen Ortega Murillo no cumple sus obligaciones hacia las personas con discapacidad
El Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos en Nicaragua 2022, del Departamento de Estado, de Estados Unidos, revela que Daniel Ortega y Rosario Murillo han descuidado la prestación de servicios en educación, salud y transporte para las personas con discapacidad.
“Los niños con discapacidades asistieron a escuelas con compañeros sin discapacidades; los materiales escolares especializados no estaban fácilmente disponibles y, en ocasiones, el Ministerio de Educación se negó a proporcionarlos”, reporta el informe.
Además, aducen que “los niños con discapacidad completaron la educación secundaria a un ritmo significativamente más bajo que otros niños. Las escuelas públicas rara vez estaban bien equipadas y los maestros estaban mal capacitados para brindar atención adecuada a los niños con discapacidades”.
También acusan que los establecimientos de salud pública no cuentan con personal capacitado en lenguaje de señas, por lo que hacen que las personas con discapacidad auditiva dependan de los cuidadores.
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“Los defensores de las personas con discapacidad se quejaron de la falta de transporte público accesible. Algunas personas con discapacidad informaron que los taxistas a menudo les negaban el servicio, debido a la carga adicional percibida sobre el conductor para ayudar a los clientes con discapacidad. También los defensores de las personas con discapacidad afirmaron que no había intérpretes para sordos en las escuelas y universidades, lo que dificultaba que estas personas obtuvieran educación”, prosigue.
Leyes no prevén sanciones por incumplimiento
Reconocen que las clínicas y hospitales del gobierno brindaron atención a los veteranos y otras personas con discapacidades, pero la calidad de la atención en general fue deficiente.
“La discriminación contra las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales está muy extendida, a pesar de estar prohibida por la ley. Las leyes relativas a las personas con discapacidad no prevén sanciones por incumplimiento, aunque pueden dictarse sanciones de conformidad con el código general de inspección del trabajo”, insiste el informe.
Estado no cumple con el 2% de empleados
El Ministerio de la Familia, el Ministerio del Trabajo y la Oficina de Derechos Humanos se encuentran entre las agencias gubernamentales responsables de la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
“El gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva; no ordenó la accesibilidad a los edificios, la información y las comunicaciones; y no puso a disposición información sobre los esfuerzos para mejorar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad”, señalan.
Las organizaciones de defensa de las personas con discapacidad informaron que las personas con discapacidad representaban menos del 1 por ciento de los empleados del sector público, a pesar de una representación mínima exigida por ley del 2 por ciento. Otros informes indicaron que las instituciones públicas no coordinaron lo suficiente con el Ministerio de Trabajo para acomodar a las personas con discapacidad en el lugar de trabajo.
“Aunque no hubo informes oficiales de violencia, acoso o intimidación contra personas con discapacidad por parte de funcionarios del gobierno, hubo varios informes anecdóticos de violencia y acoso. Por lo general, estos incidentes no se denunciaron, principalmente porque las víctimas no querían enfrentar el engorroso proceso de presentar una denuncia”, concluyen.