Nicaragua cancela la universidad privada Rubén Darío y ordena pasar bienes al Estado
El régimen de Daniel Ortega Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación (MIGOB), canceló este 29 de marzo la universidad privada Rubén Darío (URD) registrada en 2011 como una asociación sin fines de lucro, según el acuerdo ministerial 55-2023-OSFL, publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
La Universidad Rubén Darío tenía su sede central en Diriamba, Carazo y según este acuerdo del MIGOB, este centro de estudio incumplió con las leyes que le regulan.
“La Universidad Rubén Darío (URD) recibió resolución de inicios de proceso de verificación de obligaciones por parte del CNEA, solicitando la URD en fecha de 20 de septiembre del 2021 prórroga para entregar el informe de autoverificación, sin embargo, a la fecha la Universidad Rubén Darío (URD) no ha cumplido con la acreditación de los mínimos de calidad ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema Educativo (CNEA)”, cita el acuerdo de la cartera del MIGOB.
Según Gobernación, la URD además de estar en incumplimiento con las leyes que la regulan, tampoco reportó sus estados financieros durante cuatro años (2019-2022) y su junta directiva está vencida desde el 18/04/22.
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“Al no reportar sus estados financieros conforme periodo fiscal, con desgloses detallados de ingresos y egresos, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos de la universidad”, detalla el acuerdo.
El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de esta universidad ilegalizada entregar de forma expedita y ordenada al CNU, la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.
Asimismo, informó que el CNU procederá a reubicar a los estudiantes matriculados actualmente en el territorio nicaragüense en universidades que se encuentren acreditadas en el país.
Además, ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua.