Nicaragua cierra una fundación de desmovilizados sandinistas y otras 19 ONG
El Gobierno de Nicaragua canceló este miércoles la personalidad jurídica a una fundación de desmovilizados sandinistas y a otras 19 ONG, incluidas ocho que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas Médicos Sin Fronteras de Bélgica.
La disolución de la Fundación de Desmovilizados y Víctimas de Guerra de los 80s SMP -Servicio Militar Patriótico-, inscrita desde 2006, fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Según el Ministerio de Gobernación, esa fundación de excombatientes sandinistas fue ilegalizada por "incumplimiento", debido a que "no reportaron estados financieros del periodo 2010 al 2022", y su junta directiva estaba vencida desde mayo de 2013.
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Con el cierre de esas 20 ONG, suman al menos 3.400 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 12 ONG "por estar en abandono y tener entre 1 a 12 años de incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan", y el resto por "disolución voluntaria".
Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Grupo de Auto Ayuda de Occidente que Conviven con el VIH, Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria de Nicaragua, Asociación para el Corredor Seco de Nicaragua, Fundación para el Desarrollo de la Microempresa, Asociación Amigos del Teatro Municipal José de la Cruz Mena, Asociación Instituto Cultural Rubén Darío, entre otras.
Estado decomisará bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez dijeron que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las manifestaciones que estallaron en 2018.
Los sandinistas también argumentan que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en abril de 2018 a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza. Las protestas dejaron centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.