Colectivo Derechos Humanos Nicaragua denuncia procesos ilegales contra decenas de opositores

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más emitió una nota de prensa en la que asegura que pudieron constatar que hay decenas de personas procesadas por delitos aún no reflejados, lo cual confirma el actuar ilegal de la dictadura, que viola el marco jurídico internacional.  

El Monitoreo Azúl y Blanco denunció 57 detenciones arbitrarias ocurridas la noche del miércoles en varios municipios de Nicaragua. Unos 30 de los detenidos fueron acusados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, según se constató en el sistema en línea del poder judicial. 

“El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudia las detenciones arbitrarias e inconstitucionales en contra de decenas de personas inocentes, quienes han sido sometidas a amenazas, intimidaciones y procesos ilegales por parte de la Policía y el sistema judicial al servicio del régimen Ortega Murillo”, señalan en el comunicado.

Asimismo, afirman que estas detenciones se suman a las ejecutadas desde el mes pasado (abril), cuando se conmemoró el quinto aniversario de las protestas de  2018, aumentando el número de personas presas políticas, elevando, además, “el hostigamiento y las amenazas contra sus familiares”.

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“En revisión al Sistema Nicarao, pudimos constatar que decenas de personas están siendo procesadas por delitos aún no reflejados en este sistema, todas estas actuaciones son ilegítimas e ilegales y representan también violaciones al marco jurídico internacional”, enfatizan.

Responsabilizan al Estado

Por otro lado, apuntan que las estaciones policiales y el Nuevo Chipote, una vez más, son utilizados para privar de su libertad a la ciudadanía, en actos violatorios al debido proceso.

“La Constitución Política de Nicaragua prohíbe las detenciones arbitrarias, además se han transgredido las garantías del debido proceso, al realizar las detenciones en horas no hábiles sin orden de detención, sin la posibilidad de comunicarse con familiares o abogados, por estar su detención enmarcada en una política de terror de Estado”, denuncian.

El colectivo condena “la actuación de la Policía y del Poder Judicial que presentó acusaciones exprés basadas en hechos inexistentes, instrumentalizando el sistema de justicia penal con objetivos políticos. El Colectivo rechaza estas injustas e inconstitucionales acciones, además hace responsable al Estado por cualquier afectación a la salud, integridad y vida de las personas detenidas arbitrariamente”.

“Exigimos la inmediata y plena libertad de todas las personas presas políticas en Nicaragua”, concluyen.