Anuncian nuevas cuentas bancarias para pagos de trámites por licencias de conducir tras control de Cruz Roja Nicaragüense

“Cruz Roja Nicaragüense informa a las familias nicaragüenses, sobre las nuevas cuentas donde pueden realizar sus pagos de exámenes para de trámite de licencia de conducir ante las autoridades de Tránsito”, se lee en la cuenta oficial de Facebook de esta entidad que ahora es administrada por el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con esta publicación, para los pagos de trámites de licencia, examen de vista y consultas psicológicas se habilitaron las cuentas bancarias de LaFise 100202448 y 10011000008395 de Banpro.

Una medida que fue dada a conocer solo tres días después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo disolviera la Cruz Roja Nicaragüense y pasara su control y bienes a manos del Minsa.

Fue el pasado miércoles 10 de mayo que Ortega ilegalizó esta entidad alegando “violación de la neutralidad” durante las protestas sociales del año 2018.

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En tanto, la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) reaccionó un día después que está "profundamente preocupada" por la decisión de Nicaragua de disolver a su filial.

"La IFRC está profundamente preocupada por la disolución de nuestra Sociedad Nacional miembro, la Cruz Roja Nicaragüense", indicó la Federación el pasado 11 de mayo.

Añadió que "esta situación podría poner en riesgo actividades humanitarias muy necesarias en el país, así como el trabajo del personal y el voluntariado".

Según la IFRC, “este momento, estamos monitoreando de cerca la situación y evaluando la mejor manera de proceder. A partir de los resultados de ese análisis, informaremos sobre nuestros próximos pasos”.

Las protestas de 2018 dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.

Nicaragua atraviesa desde entonces una crisis política y social que se acentuó tras la farsa de las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega se reelegió para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.