Comunidades indígenas se enfrentan a un “etnocidio” por la violencia que sigue impune
La violencia en las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua es el “pan de cada día”, así lo refleja el análisis político “La marca de la dictadura en territorio indídena: Un despojo sangriento”, publicado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, (CETCAM).
Según el boletín Perspectivas 171, desde el 2015 las comunidades indígenas sufren asesinatos, secuestros, heridos, destrucción de asentamientos y de cosechas a consecuencia de los ataque de campesinos pobres, principalmente mestizos a los que se les llama “colonos”.
A pesar que existe un marco jurídico que protege los derechos de las comunidades indígenas, el despojo se ha extendido durante las últimas tres décadas, que se refleja en la desprotección estatal, desplazamiento forzado y destrucción del medioambiente.
El informe enfatiza que en el 2015 la violencia contra las comunidades mayangnas y miskitus se incrementó con decenas de asesinados y heridos, casas y cultivos destruidos, comunidades desprotegidas y centenares de personas desplazadas por la violencia y el temor.
Aunque las organizaciones y comunidades han denunciado los ataques y el despojo de manera sistemática y con abundantes pruebas, el Estado no ha efectuado ninguna investigación seria y tampoco ha detenido a los responsables.
“Con la ascensión al poder de Daniel Ortega este fenómeno se exacerbó y asumió modalidades caracterizadas por grandes niveles de violencia” señalan.
Estima que desde el 2015 a la actualidad más de 60 comunitarios han sido asesinados por los llamados colonos. “Las mujeres y menores de edad se encuentran entre los grupos más vulnerables y afectados por los ataques”, resaltan.
Además, unos 3,000 comunitarios miskitus y mayagnas se han visto obligados a abandonar sus tierras y huir a otras comunidades en Nicaragua y Honduras donde atraviesan penurias, hambre, pobreza extrema y desamparo.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH emitió medidas de protección para 15 comunidades sin que el gobierno de Nicaragua haya actuado para hacerlas efectivas mientras el acoso, las invasiones y los crímenes continúan.
El informe señala que los colonos actúan en grupos relativamente grandes entre 10, 50 y hasta 80 personas “es común que utilicen armas de fuego, incluidas armas de guerra; se presume que entre ellos hay ex militares y ex miembros de la contra”.
Hasta ahora ningún perpetrador ha sido juzgado y condenado; por el contrario, la policía responsabilizó a tres de los denunciantes por los crímenes cometidos, en pocas palabras el Ejército y la policía de Nicaragua no brinda protección.
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La violación flagrante del derecho a sus tierras, a sus formas de vida, su cultura y la destrucción de su tejido social amenaza su existencia especialmente en el caso de los mayagnas, lo que califican como un “etnocidio” por los niveles de violencia, la desprotección estatal y la impunidad de los perpetradores.
En el 2023 los ataques continuaron, siendo los últimos hechos en la comunidad Wilú, del territorio indígena Mayagna Sauni.
“Los ataques no son hechos recientes ni aislados; son parte de un proceso sistemático de despojo y desalojo de tierras a las comunidades indígenas azuzados por terratenientes o terceros interesados en apropiarse de las tierras indígenas localizadas en reservas biológicas y áreas protegidas para desarrollar actividades agropecuarias de naturaleza extractivista”, concluyen.