Personas con discapacidad resienten pocas oportunidades de empleo en Nicaragua
Nicaragua cuenta con una ley que promueve que se emplee a personas con discapacidad, pero no se cumple
Rosaura tiene 35 años. Estudió relaciones internacionales y por ser bilingüe trabajaba en un puesto ejecutivo con excelente salario. Sin embargo, hace 4 años sufrió un derrame cerebral que le afectó la mitad de su cuerpo y también su desarrollo del lenguaje. Después del subsidio de ley, la empresa en la que laboró por 8 años la despidió.
“Dijeron que iban a cerrar la plaza y me dieron mis prestaciones. Cuando regresé después del derrame me trataban diferente, no me confiaban las mismas responsabilidades de antes y tampoco permitían que me reuniera con clientes. Me tenían ahí mientras me corrían y eso me mantenía estresada”, señala Rosaura, a quien despidieron tres meses después de regresar del subsidio.
Con terapias, Rosaura ha mejorado sus habilidades para hablar, su mano izquierda está más funcional y ella siente que puede trabajar, pero ha sufrido rechazo en varias empresas.
“Yo soy una persona con discapacidad y las empresas, aunque el gobierno dice que deben darnos oportunidad, no nos contratan porque creen que no vamos a rendir, pero no es así”, dijo esta mujer que es madre de una niña y que ahora se gana la vida elaborando piñatas.
Emprender como única alternativa
Ella asegura que para las personas con discapacidad, el emprendimiento es la única alternativa. Aprendió a hacer piñatas en un organismo que fue cerrado por el Ministerio de Gobernación, pero afirma que gracias a ello ahora es independiente.
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“El papá de mi niña me abandonó desde que vio que quedé con esta discapacidad. Vivo con la mamá de él y elaboro las piñatas y de eso vivimos mi hija y yo, pues ya desistí de buscar empleo ante la falta de inclusión”, apuntó.
Anthony tiene 30 años y es sordo, lo cual ha sido un obstáculo para él, pues aunque lee y puede comunicarse por mensajes de texto, se le dificulta la interacción social en el mundo físico, pues pocas personas conocen el lenguaje de señas.
Sin embargo, desde hace un año trabaja en una cadena de supermercados y asegura que no fue fácil ser aceptado.
“Este es el primer empleo formal que tengo, con derecho a seguro social, antes solo trabajaba con familiares o amigos, porque a pesar de que estudié contabilidad no me daban empleo”, comparte.
Anthony dice que está feliz, pero reconoce que en Nicaragua no hay en realidad apertura laboral para las personas con discapacidad.
Estado no fomenta cumplimiento de leyes
Un abogado aseguró a 100% Noticias que en Nicaragua existe un marco legal completo para fomentar la creación de empleo para las personas con discapacidad, pero que en la práctica no hay empresas que se preocupen por cumplirlo ni Estado que exija su aplicación.
“Ayer vi una nota en 100% Noticias en la que ustedes hablaban de un informe de derechos económicos y hablaban del desempleo, ahora les digo yo, si el 80% de nicaragüenses están en el sector informal, es decir que no tienen un trabajo fijo, como decimos, imagínense que esto es mucho más difícil para las personas con discapacidad, como decimos, por la víspera hay que sacar el día”, señaló.
Él explicó que existe la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en su artículo 34 señala que “el Estado a través del Ministerio del Trabajo está obligado a garantizar que las personas con discapacidad puedan trabajar en igualdad de condiciones que las demás personas y a que gocen de sus derechos laborales”.
Asimismo, señala que el Ministerio del Trabajo debe hacer que los empleadores modifiquen las infraestructuras, para que las personas con discapacidad puedan acceder a las instalaciones, “pero en la práctica no ves nada de eso, al Mitrab le importa un rábano si las personas con discapacidad trabajan o no, mucho menos que vayan a exigir que les contraten”.
“Bajo ninguna circunstancia se podrá discriminar a las personas con discapacidad, para optar a un puesto en el Servicio Civil, debiendo evaluarse únicamente la capacidad del o la concursante al puesto para el desempeño del mismo”, se lee en la ley, pero el abogado señala que si hacen un censo en las instituciones públicas, la cantidad de personas con discapacidad empleada es mínima.
“Si el Estado no emplea a las personas con discapacidad, con qué moral va a exigir a la empresa privada que haga las contrataciones. Ellos incumplen su ley y no promueven cumplirla”, prosiguió.
Según la Ley, el Ministerio del Trabajo velará porque todas las instituciones y empresas nacionales, municipales, estatales y privadas que tengan cincuenta o más trabajadores, incluyan al menos el dos por ciento de personas con discapacidad en sus respectivas nóminas. En el caso de empresas con una nómina mayor de diez trabajadores y menor de cincuenta se debe emplear al menos una persona con discapacidad.
“Volvemos a lo mismo, nada que ver con la ley, no se cumple. Según el articulado, deberías ver en cada alcaldía, en cada institución pública y en cada empresa al menos a 1 persona con discapacidad. Esto es como la famosa política de género que te dice que el poder va a medias, pero en el campo es falso de toda falsedad”, apuntó el hombre de leyes.
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