Subcomisionada policial, paramilitar y testigo falso en caso obispo Álvarez están en EEUU
El abogado Yader Morazán denunció que una subcomisionada, un paramilitar y una testigo involucrados en el caso fabricado contra Monseñor Rolando Álvarez se encuentran en Estados Unidos. El obispo nicaragüense fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados “traición a la patria”.
“Sub comisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez: Bienvenida al Imperio agresor de la “robo-ilusión” que defendió desde la policía hasta el último día de su estancia en dicha institución, a tal punto de ser ascendida en septiembre del 2021 durante los actos del 42 aniversario”, escribió Morazán en Twitter.
También denunció el ingreso de Juan Alberto Soza Jarquin y su esposa Gabriela Rayo, quienes son militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); el primero un reconocido paramilitar, mientras que ella figura como testigo en el caso contra Monseñor Álvarez.
“Démosle la Bienvenida al paramilitar Juan Alberto Soza Jarquin (De los Famosos de Matagalpa), quién no se aguantó y corrió a los brazos del imperio agresor junto con sus hijos y esposa Gabriela Alejandra Rayo Castro, testigo del caso en contra de Mons. Rolando Álvarez”, escribió.
Por su parte, la abogada e investigadora Martha Patricia Molina expresó que Nicaragua vive una grave crisis de vulneración de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, apoyados por miembros del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, grupos paramilitares y funcionarios de la Administración Pública Ortega Murillo.
Sin embargo, resalta que algunos de estos funcionarios públicos sufren en “carne propia” los golpes de la dictadura que en su momento apoyaron en actos públicos y privados.
“El problema está cuando estas personas que han apoyado a la dictadura a través de su actos públicos y privados, también son vulnerados, el ejemplo clásico de esto es el ex comisionado Adolfo Marenco, ellos también piden justicia, libertad y el respeto a la democracia y así hay un montón de funcionarios que han sido afectados por esta dictadura y que hasta ahora cuando en carne propia sufren esto duros golpes es cuando ellos comienzan a reclamar o comienzan a huir del país”, explicó.
No obstante, la abogada considera necesario que el gobierno de Estados Unidos debería preguntarse ¿qué hacer con aquellas personas que en su momento cometieron delitos o apoyaron los delitos de lesa humanidad? cometidos por el régimen a quien ellos tanto apoyaban.
“En redes sociales, se ha expuesto a estas personas que han entrado con el parole humanitario y que en su vida pasada estuvieron apoyando a la dictadura sandinista. Ya sea por medio de las instituciones del Estado o fuera de ella. Creo que todo caso debería de ser revisado porque hay personas que todavía sufren en Nicaragua producto de esta mala aplicación de la ley que se da en nuestro país y está grave vulneraciones de derecho”.
También lamenta que muchos opositores y familiares de los presos políticos que fueron desterrados hacia Estados Unidos están desprotección total y bajo asedio de la dictadura porque no pueden gozar de este beneficio del parole humanitario.
Obispo condenado
El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, muy crítico con el régimen de Daniel Ortega, fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados “traición a la patria”, y fue despojado de su nacionalidad.
Álvarez fue condenado un día después de que se negara a subir en un avión privado junto a 222 prisioneros nicaragüenses que fueron excarcelados y enviados a Estados Unidos.
LEER MÁS: Corte IDH ordena liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez
Tras negarse a subir el avión, Daniel Ortega anunció que Álvarez había sido trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar desde agosto pasado, al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la cárcel modelo de Nicaragua.