Libertad de prensa en Nicaragua: presentan informe sobre las violaciones cometidas por la dictadura en últimos 5 años

“Sistematización de las violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua” es el informe que elaboró la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, en el que expone los casos de agresiones, encarcelaciones y desnacionalización contra los periodistas y los medios de comunicación. 

Según esta sistematización, entre abril 2018 y abril 2023 se documentaron un total 1,329 violaciones a la libertad de prensa, las que recayeron entre 338 víctimas: 244 del género masculino, 93 del género femenino y 1 de la comunidad LGBTIQ+.

En promedio cada periodista fue víctima de agresión en cuatro oportunidades. Del total de los 338 periodistas, 63 de ellos, lo que equivale al 18.6% fueron víctimas de reiteradas agresiones durante los años 2018 – 2023. El quinquenio comprende un total de 1,826 días, de los cuales, en 481 días se registraron agresiones en contra de los hombres y mujeres de prensa; lo que equivale a un promedio de cuatro agresiones por día. 

“El año 2018, en que inició la crisis sociopolítica en NicaraguaNicaragua, fue el más violento del quinquenio con un total de 531 violaciones a la libertad de prensa. En el 2018 los comunicadores sufrieron agresiones físicas, asaltos, asedio, impactos de balas y de municiones de goma, amenazas de muerte, encañonamientos con armas de fuego, heridas leves y golpizas brutales que requirieron hospitalizaciones”, reporta el informe.

Por otro lado, señalan que también fueron víctimas de secuestros que duraron en algunos casos horas, en otros incluso, días. Muchos de los periodistas retenidos denunciaron tortura psicológica y maltratos físicos, así como la destrucción de equipos y el robo de cámaras o celulares se transformó en otro método de intimidación y obstaculización del trabajo de los periodistas que dieron cobertura a las protestas.

Cabe resaltar que se documentó que  los principales victimarios eran policías, fuerzas paraestatales y grupos al margen de la ley.

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Asimismo, es importante establecer que durante el quinquenio el indicador que más predominó es el de las agresiones y ataques con un total de 759 casos, lo que equivale a un 57.1% del total de las 1,329 violaciones en contra de periodistas.

“El segundo indicador que más predominó fue el discurso estigmatizante, con un total de 161 casos, equivalente a un 12.1% del total de casos documentados”, refleja el informe de violaciones a libertad de prensa,  el cual deja claro que desde que Ortega regresó al poder en el año 2007, su gobierno se ha caracterizado por mantener un discurso frontal en contra del periodismo independiente, a quienes calificó en uno de sus primeros discursos como “hijos de Goebels”.

En tercer indicador que prevaleció fueron las restricciones al acceso a la información, el cual acumuló un total de 137 casos, equivalente al 10.3% del total observado. Este indicador no solo registra la falta de acceso a la información pública, sino que incluye las diferentes maneras de obstrucción al trabajo periodístico, incluyendo las restricciones en coberturas incluso, de interés público, por ejemplo, los accidentes de tránsito. 

Entre las periodistas mujeres que sufrieron más agresiones se encuentran Kalúa Salazar con 54 agresiones, Lucia Pineda (22), Tania López (13), Verónica Chávez (13), Daliana Ocaña (13), Ileana Lacayo (q.e.p.d) (12), Jennifer Ortiz (12), Leticia Gaitán Hernández (11).  

Canales de televisión, los más agredidos

En esos cinco años, según el estudio, los canales de televisión sufrieron las mayores violaciones a la libertad de prensa, pues del total de los 80 medios que registraron 378 violaciones a la libertad de prensa, 21 eran canales de televisión, 12 con cobertura local, siete de cobertura nacional y dos medios internacionales. 

Entre los principales hechos registrados están la cancelación de las frecuencias por parte de TELCOR, asedio policial en las instalaciones de los medios, presiones para enlazarse obligatoriamente a cadenas nacionales para transmitir actividades políticas del partido de gobierno, presiones para retransmitir en su programación noticieros de medios oficialistas, acoso institucional de la Dirección General de Ingresos (DGI), del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), las alcaldías, entre otras instituciones gubernamentales. 

Las radioemisoras locales o comunitarias son las segundas más afectadas con ataques similares a los de los canales televisivos, entre ellas se encuentran: la prohibición de coberturas en instituciones públicas, negativas de participar –y en algunos casos expulsión de estadios y actividades deportivas lideradas por las alcaldías sandinistas–, interferencia constante de la señal de radios oficiales, principalmente la Radio Ya, a la que “generosamente” TELCOR le ha facilitado al menos cinco frecuencias en FM.

El mayor número de agresiones recayó sobre el Canal 100% Noticias, La Prensa, Canal 10, Canal 12 y Radio Darío, que registraron entre 38 hasta 26 casos. 

Esta sistematización registró además que La Prensa, Confidencial, Canal 100% Noticias Radio Darío y El Nuevo Diario (END) que cesó operaciones el 27 de septiembre del 2019, son los medios cuyas agresiones se han prolongado por más tiempo a través de diferentes tácticas como la retención de su principal materia prima, allanamiento, asfixia económica y quema de sus instalaciones, entre otras.

Casos íconos donde el régimen mostró mayor saña

En este aspecto, el informe destaca el asalto confisación y encarcelamiento a personal de La Prensa; Asalto, confiscación de 100% Noticias y detención de Miguel Mora y Lucia Pineda; confiscación de Confidencial; cierre de medios de la iglesia católica; detención de Miguel Mendoza; asesinato del periodista Ángel Gahona.

Por ejemplo, en el caso de Confidencia, el edificio permaneció allanado desde diciembre del 2018 hasta que el 23 diciembre de 2020, el régimen formalizó la confiscación del edificio en el que operaba Confidencial al poner un rótulo que decía que las instalaciones le pertenecían al Ministerio de Salud (MINSA).

Asimismo, destacan el cierre de los medios de la Iglesia Católica, los cuales no  escaparon de la represión gubernamental.

El 19 de abril de 2018 en el que se registró un saldo de tres estudiantes asesinados el Canal 51 el Canal Católico perteneciente a la Conferencia Episcopal de Nicaragua fue sacado del aire a partir de ahí las agresiones contra los medios religiosos, no cesaron.

“El 20 de mayo de 2022  la empresa de servicio de cable e Internet Claro emitió un comunicado en el que explicaba que por órdenes de TELCOR el Canal Católico 51 era eliminado de la parrilla de programación. El medio pasó entonces a tener presencia únicamente a través de las redes sociales”, resaltan.

En el mes de agosto del año 2022 se contabilizaron nueve medios de comunicación pertenecientes a la Iglesia católica que fueron cerrados por órdenes de TELCOR. 

Otro caso ícono fue el encarcelamiento del cronista deportivo Miguel Mendoza, quien fue una de las voces más críticas al gobierno tras la protesta de abril del 2018 en la que miles de nicaragüenses salieron a las calles con el fin de exigir un cambio democrático de Nicaragua.

Mendoza era reconocido por los análisis de las jornadas deportivas que realizaba tanto en formato televisivo como radiales, pero el 21 de junio de 2021 fue detenido de forma arbitraria encarcelado en una redada que también incluyó a líderes de la oposición política lo que generó el rechazo de organismos de derechos humanos y del gremio periodístico.

“Mendoza no pertenece a ningún grupo de oposición era un comunicador que ejercía su derecho a la libertad de expresión, en medio del estallido de abril del 2018, se convirtió en una influenciador que llegó a tener miles de seguidores en sus redes sociales”.