Grupo de Expertos presenta actualización sobre Nicaragua: “Iglesia Católica, son cada vez más el blanco de ataques”

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), denunció que Nicaragua vive una nueva ola de violaciones de derechos humanos, por lo cual pidió ampliar las sanciones contra instituciones involucradas en la comisión de violaciones, incluidos aquellos dirigidos al sector universitario del país.

En su última actualización sobre la situación de derechos humanos en el país, el presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), Jan-Michael Simon, señaló que en los últimos seis meses el régimen sandinista ha sofocado gravemente las voces disidentes y ha aumentado la persecución.

Según el informe, los defensores de DDHH y opositores enfrentan severas presiones para abandonar Nicaragua, a través de vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados, y la criminalización continua y el uso de detenciones arbitrarias. 

“Esto ha llevado a muchas personas defensores y opositores a abandonar el país. Una vez en el extranjero, se han enfrentado a la privación arbitraria de su nacionalidad, la confiscación de bienes y sus familiares en Nicaragua han sido expuestos a intimidación”, indican.

También señaló que los sacerdotes de la Iglesia Católica, son cada vez más el blanco de ataques. 

Cierre de espacios para el pensamiento

Durante la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Jan-Michael Simon reiteró que el régimen de Daniel Ortega ha intensificado su persecución de las universidades como espacios para el pensamiento crítico e independiente.

En este sentido, contabilizan la cancelación de la personalidad jurídica de 27 instituciones, así como la confiscación de sus bienes. “Esto se ha hecho invocando supuestas infracciones de la normativa, lo que refleja la instrumentalización del aparato del Estado para suprimir la libertad y la diversidad académicas”. 

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En el caso de los estudiantes afectados, el GHREN señala que el régimen percibe a los estudiantes como disidentes u opositores haciéndolos pagar un alto precio. 

“Muchos han sido expulsados, y se enfrentan a hostigamientos que incluyen la denegación de sus expedientes académicos y documentación, lo que contribuye a que no puedan continuar sus estudios en Nicaragua o en el extranjero”, señalaron. 

El GHREN denunció que la persecución se extiende también a las autoridades académicas y a los profesores. El estudiantado y el personal en estas circunstancias se han visto obligados a abandonar el país, y a algunos se les ha privado de su nacionalidad una vez en el extranjero.

"Hemos observado la privación intencionada y grave de los derechos económicos y sociales, en particular del derecho a la educación y a la libertad académica. Hoy, el sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no cuenta con instituciones independientes. Nicaragua está siendo despojada de su capital intelectual y de sus voces críticas, dejando en suspenso las perspectivas y el desarrollo del país", dijo Simon.

Violaciones desde el más alto nivel 

El informe señala que las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua se perpetran al más alto nivel del Estado de la mano con otras instituciones controladas, por ejemplo, el Ministerios de Educación, Juventud e Interior, la Asamblea Nacional, entre otros. 

Destacan que las violaciones y crímenes se cometen debido a la identidad política del grupo, lo que lleva al Grupo de Expertos a concluir que constituyen prima facie el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. 

En este sentido, el GHREN pidió al régimen que permita el acceso de organismos de verificación neutrales e independientes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, a los centros de detención donde se encuentran retenidos opositores reales o supuestos. 

También llamó al régimen a que coopere con el Grupo y le conceda acceso al país. 

Asimismo, el Grupo instó a la comunidad internacional a garantizar un acceso justo y efectivo a los procedimientos de identificación, remisión y determinación del estatus de las personas privadas de su nacionalidad u obligadas a abandonar Nicaragua; y, en la medida de lo posible, facilitar su asimilación y naturalización.

También urgió a la comunidad internacional a apoyar a los estudiantes y al personal académico nicaragüenses afectados; y a ampliar las sanciones contra instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, incluidos aquellos dirigidos al sector universitario de Nicaragua.