Nombran a Mendy Aráuz como ministra de educación en Nicaragua, tras renuncia de Lilliam Herrera

La ministra de Educación Lilliam Esperanza Herrera Moreno solo esperó cumplir 62 años este 15 de noviembre para apurarse a solicitar su renuncia como ministra de educación del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

“Informamos que por acuerdo presidencial se ha aceptado el retiro por jubilación de la compañera profesora Lilliam Esperanza Herrera Moreno, a quien agradecemos tanto por su esfuerzo al frente del ministerio de educación, la profesora ha solicitado su retiro, está en edad de retiro”, indicó la sancionada vice presidenta Rosario Murillo, en su acostumbrada alocución al mediodía ante medios oficialistas.

En sustitución del cargo de ministra, Murillo dijo que se ha nombrado a “Mendy del Socorro Aráuz Silva, experta en educación, quien ha pasado varios años trabajando en el ministerio en distintos ámbitos y áreas, será la nueva ministra, nombrada por nuestro presidente, al servicio del nuestro pueblo, abnegados servidores públicos”.

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“Aquí estamos agradeciendo a una abnegada educadora y reconociendo las cualidades, los méritos profesionales de la profesora Mendy, quien estará al frente del ministerio con el mismo espíritu de servicio y el mismo amor a los estudiantes, a los niños en esta Nicaragua de todos”, expresó Murillo.

Herrera es licenciada en Ciencias de la Educación y maestra de educación primaria.  Fue directora de la Biblioteca Municipal de Chinandega, de donde es originaria, y delegada departamental del Ministerio de Educación hasta su nombramiento por Daniel Ortega como como Ministra de Educación en 2022, en sustitución de Miriam Ráudez Rodríguez.

La realidad de los funcionarios públicos

En Nicaragua los ministros y ningún funcionario de la dictadura pueden brindar entrevistas, por prohibiciones directas y explícitas de Rosario Murillo, quien concentra todo el flujo de la información pública y además del cargo de vicepresidenta, ejerce el de secretaria de Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

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Tras la condena nacional e internacional que recibe el régimen de Ortega por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril del 2018 en contra de la población civil, los funcionarios públicos que ocupan cargos de dirección, viven un ambiente de zozobra y en muchos casos la dictadura no les permite renunciar, les han retenido sus pasaportes y hasta han sido encarcelados sin explicación alguna.