“La dictadura de Ortega está invitando a los empleados públicos a que se vayan”, explica abogado laboral

Cuando el abogado especialista en derecho laboral Adrián Meza leyó la nueva ley aprobada por los diputados al servicio de la dictadura de Daniel Ortega que reforma el cálculo de las liquidaciones que recibirán los empleados públicos en caso de renuncia, dice que lo primero que pensó fue que estaban invitando a todos a abandonar el estado.

“Al leer eso yo como trabajador del estado deduzco que la dictadura de Ortega me está diciendo que mejor me vaya. Están invitando a todo mundo a que se vaya cuanto antes, porque si vos no tenés estímulos emocionales, materiales, laborales y humanos para estar en un empleo, entonces la pregunta es entonces ¿Qué estás haciendo allí? Solo agarrando el color, de que te quedaste en ese barco hasta el último momento, cuando ya éste se iba a pique”, considera Meza.

La semana anterior el régimen de Ortega ordenó a sus diputados aprobarle una ley en la cual se modifica el cálculo de las liquidaciones a empleados del estado que decidan renunciar, la cual establece que tendrán derecho a su liquidación a partir de los tres años de servicio continuo, y no a partir del primer año, como era hasta ahora.

Los empleados que tengan de 3 a 10 años de servicio continuo obtendrán el equivalente a un mes de salario si dejan el puesto de manera voluntaria, según la reforma a la ley.

Además, quienes renuncien con 10 a 15 años de servicio continuo recibirán dos meses de salario; los de 15 años a 20 años, la indemnización será el equivalente a tres meses de salario; y solo las personas que trabajen por 20 años o más para el estado recibirán cinco meses de salario, según la nueva disposición.

El especialista en legislación laboral indica que ante esta nueva medida que roba las liquidaciones a los empleados públicos en Nicaragua, hay que aplicar el sentido común.

Si los despiden tampoco nadie les garantiza sus liquidaciones

Comenta que en las últimas semanas los empleados públicos de Nicaragua vieron desfilar a más de mil funcionarios del poder judicial entre jueces, magistrados y otros cargos, muchos de ellos cómplices de los crímenes del régimen, donde participaron solo con el fin de conservar un puesto de trabajo. “Sin embargo, ahora están viendo que el régimen no tiene alianzas ni aliados y considera que todos son los enemigos potenciales”, afirma.

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“Alguien mal pagado lo compensa cuando ejerce una labor digna, relevante y eso te da una gran tranquilidad, pero aquí sos maltratado por tu empleador, se te considera permanentemente sospechoso, cada vez que pueden atentan contra tu dignidad profesional, tenés que hacer cosas en las que no te quisieras ver involucrado, y además de eso, nada de lo que hagás te garantiza tu empleo y además si te corren no tenés la garantía de que te paguen tu liquidación, pues miles han sido despedidos sin liquidación”, señala el abogado Meza.

El impacto jurídico

Parte del impacto jurídico recae en que esta nueva ley viola de manera abierta la Ley 516 o Ley de derechos laborales adquiridos, que estableció la prohibición de reformas regresivas a la legislación laboral en Nicaragua, aprobada en 2005.

Viola la constitución política en el artículo 82, inciso 1, que establece trato en iguales condiciones de empleo para todos los trabajadores, pues aquí ahora el sector publico queda en desventaja con relación a los trabajadores del sector privado, referente al reconocimiento de la antigüedad.

Además, Meza observa dos efectos internacionales pues se viola el inciso 16.1 y 16.2, del capítulo laboral del propio tratado comercial conocido como Dr-Cafta y se viola el artículo 111 del convenio suscrito por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1967 que habla sobre las políticas públicas que deben evitar discriminación en el empleo, por parte de los estados miembros de esta organización.

“Estamos ante un escenario dramático de salto hacia atrás de la legislación laboral para el sector público. En cualquier posición de poder el régimen es absoluto porque regresamos a la edad media, vivimos en una monarquía medieval, donde todo se mueve en función de lo que los  gobernantes monárquicos desean y dictan, así se vive en Nicaragua”, estima Meza.

El abogado cree que es el momento en que cada funcionario público reflexione sobre qué es lo que más le conviene a su familia, a estas alturas de una descomposición absoluta en el estado.

“Los funcionarios públicos solo están para ser exprimidos como naranjas y después los descartan, véanse en el espejo de los jueces, los magistrados y funcionarios que un día se sintieron con un trabajo asegurado ahora están en la calle marcados por la ignominia y con un futuro incierto”, reflexiona Meza.

El abogado envía un mensaje a los trabajadores estatales: “Otro futuro, otro empleo, otra manera de vivir y sobrevivir es posible, no tenemos por qué condenarnos a una vida de humillaciones y desconsideraciones con relación a nuestro aporte, muchos de esos funcionarios son valiosos, tienen formación, lo han dado todo, pero todo debe tener un límite, y creo que ese límite ya llegó”.