Calidh traslada su secretaría ejecutiva fuera de Argentina por amenazas y hostilidades
A través de una breve publicación en su cuenta de X (antes Twitter), el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) informó que traslada su secretaría ejecutiva fuera de Argentina por amenazas y hostilidades.
“Queremos hacer del conocimiento público que producto de las amenazas, el nivel de hostilidades e intervención de nuestros equipos, decidimos retirar nuestra secretaría ejecutiva, sede permanente de Calidh, fuera de Argentina”, escribió el organismo.
Calidh informó que por motivos de seguridad mantendría en reserva el país de acogida, al mismo tiempo que agradeció a quienes le dan seguimiento.
Esta organización no gubernamental se define como “un organismo nicaragüense de DDHH en el exilio que acompaña jurídicamente a familiares y víctimas de la represión”.
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Así lo demostró su pronunciamiento en torno al fallecimiento del empresario nicaragüense Michael Healy ocurrido esta semana en Panamá.
“Healy fue sometido a tratos indignos y torturas en la prisión. El efecto postraumático del encarcelamiento arbitrario ha deteriorado profundamente la vida de expresos políticos que fueron expatriados, lo que fue confirmado en nuestro estudio sobre salud y exilio”, reza el pronunciamiento.
Otra de los pronunciamientos recientes de Calidh fue su denuncia por la hipocresía política del régimen Ortega Murillo tras solicitar la intervención de la CIJ para apoyar a Sudáfrica en su demanda contra Israel, mientras Nicaragua continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad en contra la población civil.
Esta organización considera que el régimen Ortega-Murillo no tiene legitimidad para solicitar la intervención de la CIJ en un conflicto que no le concierne, pues en Nicaragua continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad contra la población civil desde abril de 2018.
"Enviaremos una nota a la secretaría de la CIJ para hacer notar la conducta contraproducente del régimen”, afirmó CALIDH pese a reconocer que solo los órganos principales de Naciones Unidas y los Estados miembros pueden comparecer ante la Corte.