Nicaragua: 250 millones de dólares, la punta del iceberg de la nueva piñata, dice observatorio
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha llevado a cabo la confiscación de al menos 135 propiedades desde 2018, con un valor total de 258 millones de dólares.
Sin embargo, esta cifra representa solo “la punta del iceberg” en términos de confiscaciones, según una investigación realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) de Hagamos Democracia.
El estudio elaborado por los investigadores Wilfredo Miranda Aburto y Luciana Miranda, dice que es una nueva “piñata”, difícil de cuantificar, por la escasa información pública.
“La información disponible es nula y el terror que impera en Nicaragua por la represión dificulta de forma superlativa que las víctimas se sientan seguras a compartir información…han sido confiscados opositores en sus condiciones de ciudadanos, empresarios, gremios del sector privado, pequeñas y medianas empresas; organismos no gubernamentales, medios de comunicación, universidades, Iglesia católica y hasta sedes diplomáticas”, alerta el documento.
Según OPTA, el informe es un primer esfuerzo de cuantificar lo confiscado, pretenden alertar sobre la deuda pública que se está generando como resultado de la apropiación ilegal de dichos activos por parte del gobierno nicaragüense.
“Sin embargo, al ser un número inicial, calculado a partir de la escasa información disponible, debe ser visto como un punto de partida para una deuda ingente que crece todos los días, y que todos los nicaragüenses deberán pagar en un futuro”, se lee en la investigación.
Confiscaciones a personas
La investigación reveló que de 317 personas desnacionalizadas, 36 compartieron su información con OPTA, de lo confiscado.
Los 36, que facilitaron información, fueron despojados de 78 propiedades afectadas que juntas suman un valor de 18 millones de dólares.
El 86.5 % de las propiedades eran sus domicilios o propiedades consideradas como “viviendas personales” y la mayoría de las propiedades confiscadas, el 75 % se concentran en Managua, 22.2 % en Masaya, 9.2% Carazo y 8.3 % en León.
“Los propietarios confiscados aseguraron en un 58.3% que la confiscación ya fue ejecutada cabalmente por agentes gubernamentales. El 8.3% de los inmuebles ya pasaron a propiedad del Estado, algunos sostienen que en los inmuebles se encuentran agentes policiales y sujetos vestidos de civil que ejercen una labor de ocupación. En otros casos las propiedades están “cerradas con candados”, detalla el informe.
Según el informe la Procuraduría General de la República (PGR) es el instrumento que envía a la Dirección General de Catastro Físico para materializar la confiscación.
“Tuvimos información de que algunos inmuebles fueron pasados a nombre del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Instituto Tecnológico Nacional (INATEC) y el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia)”, indica la investigación.
Daños colaterales familiares
La investigación de OPTA muestra ejemplos de la centralización de las confiscaciones por parte de la PGR y detalló que la primera confiscación que la policía materializó, después de desnacionalizar a los 317 nicaragüenses, fue la del Condominio Amazonia, ubicado en el reparto San Juan, en Managua, donde habitaba la periodista Sofía Montenegro y la feminista Azahalea Solís.
“A pesar de que solo ellas eran las desnacionalizadas y confiscadas, el régimen decidió extender la confiscación de facto a todos los 16 apartamentos del complejo residencial. Es decir, un daño colateral contra personas que no fueron procesadas por la justicia Ortega-Murillo. Cada apartamento en Amazonia estaba valorado en un promedio de 60,000 dólares…el valor total de los 16 apartamentos en el mercado inmobiliario se calculó, como mínimo, en 960,000 dólares”, detalla el documento.
Según la investigación, casi un mes después de que los apartamentos Amazonia fueron confiscados, “la PGR le informó a los inquilinos que si querían seguir viviendo en el complejo tenían que pagar un canon de arrendamiento de 500 dólares al Estado, todos los inquilinos desocuparon la propiedad”.
Los daños colaterales alcanzan a los familiares que vivían junto con aquellos que eran perseguidos, que fueron secuestrados, encarcelados, forzados al exilio o desterrados.
En marzo de 2023, la PGR informó que “las personas naturales o jurídicas que se encuentren viviendo o usando las propiedades confiscadas a algunos de los nicaragüenses desterrados, deberán presentarse a las oficinas de la PGR para formalizar su estatus ocupacional”, esto obligó a familias enteras abandonar las propiedades.
Daños colaterales a toda Nicaragua
A las afectaciones a miles de personas, el robo de millones de córdobas, el despojo de millones en propiedades, se le suman las confiscaciones a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las que fueron canceladas y también confiscadas.
OPTA confirmó que a 30 ONG les fueron confiscadas 41 propiedades, en su mayoría edificios de oficinas, filiales en los departamentos y fincas dedicadas para labores científicas y emprendimientos.
“El valor total aproximado de esas 41 propiedades confiscadas es de 405 000 dólares”, contabilizó el informe.
El informe detalla que hasta abril de 2024 la dictadura clausuró 3,494 ONG de las que “el 23% corresponden a trabajaban temas educativos, 13% salud, 13.5% gobernabilidad, 11.18% derechos humanos, 11% desarrollo, entre otros rubros”, informan.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) fue una de las primeras organizaciones tomadas por el régimen. “Al CENIDH le confiscaron cuatro propiedades: sus oficinas sede en Managua y tres casas filiales ubicadas en las ciudades de Estelí, Chontales y Matagalpa. El valor de los tres inmuebles es de 1, 200 000 dólares. El gobierno traspasó las propiedades del CENIDH a nombre del Ministerio de Salud (MINSA)”, denuncia la investigación.
Los cierres y confiscaciones a la ONG en Nicaragua, según el investigador Manuel Orozco, dejan un pérdida en materia de donaciones de 580, 526 614 dólares y cerca de 22,478 personas quedaron desempleadas.
Confiscación un ataque a la libertad de prensa
Para acallar a los medios de comunicación independientes, la dictadura confiscó sus propiedades, “El valor total de todas las propiedades confiscadas a los medios de comunicación suman más de 22 millones de dólares y en equipos, la cantidad asciende a casi 4.5 millones de dólares, entre los seis medios que brindaron la información para este informe”, denuncia la investigación.
“En el plano de las confiscaciones en contra del sector privado, el régimen ha enriquecido su estrategia confiscatoria: se ha adueñado ilegalmente de las acciones que los empresarios tienen en otros negocios. De esa forma, las confiscaciones les están dando el espacio de oportunidad de entrar y controlar el sector privado a la élite sandinista”, destaca el documento.
Según OPTA, Daniel Ortega una vez más vuelve a generarle una deuda millonaria a Nicaragua con esta nueva etapa de confiscaciones, iniciada a partir de 2018.